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Como adelantó este diario, los funcionarios temen que el avance sindical sobre la legislación del trabajo termine afectando las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Pero tampoco quieren quedar identificados con una ley impugnada desde el punto de vista ético desde que Mario Pontaquarto confesó sus peripecias de valijero primero ante el propio Fernández y más tarde en el juzgado de Norberto Oyarbide. Por eso en el despacho del jefe de Gabinete se decidió avanzar hacia una derogación-maquillaje: es decir, eliminar de la ley Flamarique el criterio según el cual un convenio de empresa o región puede prevalecer sobre uno que involucra a toda una actividad; y reponer el principio de ultraactividad por el cual los convenios colectivos se renuevan automáticamente si una de las partes se niega a participar de una paritaria.
Este diseño promete irritar a dos amigos del gobierno. Uno, el grupo Techint, que fue el principal impulsor de la descentralización de la negociación entre empleadores y empleados, para emanciparse de la captura de la UOM sobre el convenio siderúrgico de SOMISA.
Frente a las exigencias de Moyano, la premisa inicial de Fernández y Tomada fue tratar de evitar que la discusión laboral adquiera demasiado volumen en enero y febrero, mientras se discute el cumplimiento de las metas económicas para ratificar la refinanciación de u$s 3.000 millones que vencen en marzo. En segundo lugar, los funcionarios creen que el gobierno no debe quedar atrapado por las presiones de Moyano. Ahora querrán multiplicar los interlocutores, abriendo el juego a la CGT de Rodolfo Daer. Esta jugada implica una derrota para el jefe de Gabinete Fernández: final-mente los movimientos de mayor realismo de su adversario interno, Julio De Vido, quien abrió la puerta a «los gordos» hace ya un mes, resultaron acertados y terminarán salvándolo a él de su flamante inclinación por el izquierdismo. En efecto, los aliados porteños del jefe de Gabinete, como Claudio Lozano o Miguel Bonasso, pretenden lisa y llanamente anular la ley laboral, no sólo derogarla. Se basan en el antecedente de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, como si fuera equiparable la violación a los derechos humanos al problema de la indemnización por despido. Como sucede siempre con la izquierda, su fragmentación modera su virulencia: Lozano fracasó en su proyecto de armar un bloque pan-progresista, impugnado por Bonasso y por el metalúrgico Francisco «Barba» Gutiérrez. Desencuentros de la transversalidad porteña que se muestra, en cambio, idílica en otros aspectos.
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