La Secretaría Legal y Técnica espera el informe de la Auditoría General de la Nación mientras da los retoques legales al decreto que dispondrá la intervención del PAMI en los próximos días. El plazo lo impone la Auditoría, que recién ayer encontró espacio físico para funcionar en el PAMI, ya que las oficinas están superpobladas hasta por organismos que nada tienen que ver con la obra social de los jubilados. Se cree que será antes del 20 de este mes la intervención. Asombran las irregularidades. Algunas son vulgares, como el alquiler del edifico que cuesta $ 60 mil por mes y no sirve para el PAMI. Sólo una oficina reportó 4.000 horas extra en un mes. Hay 50 ex gerentes y subgerentes sin funciones que quedaron de las administraciones de los últimos 25 años que ganan $ 5.000 mensuales, pero no hay personal para manejar las ambulancias. Se anuló un poder para el director sindical Reynaldo Hermoso que le permitía retirar dinero en efectivo para los inundados en Santa Fe.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La tarea de ordenar el PAMI parece interminable. Las irregularidades a fuerza de instalarse en todas las áreas pasaron a ser cotidianas y a no asombrar a quienes trabajan en la mayor obra social del país.
Los nuevos funcionarios, encabezados por Juan González Gaviola, no entienden, por ejemplo, la decisión de alquilar el actual edificio de la calle Perú, que es totalmente disfuncional. Tiene 13 pisos y dos ascensores para 6 personas cada uno que deben atender las necesidades de más de 800 personas por día entre empleados y gente que viene a hacer trámites. Los ascensores se traban a cada instante por exceso de carga. Si alguien consigue un lugar en ellos, puede subir o bajar, pero no sabe si después no deberá hacer el camino inverso por la escalera. El caos de la hora de entrada y salida es propicio para una película. Las escaleras atiborradas de gente y las inmensas filas frente a los elevadores se asemejan a una invasión o una evacuación de acuerdo con la hora que se trate. Por este edificio se pagan $ 60 mil mensuales.
Por otra parte, hay alrededor de 50 ex gerentes y subgerentes que entraron con distintas administraciones y se quedaron. Ahora no tienen funciones, pero cobran entre $ 4.000 y 5.000 mensuales. Despedir a algunos de ellos será un costo alto porque tienen más de 15 años de antigüedad.
La lista de despropósitos continúa con que más de 30% de los afiliados al PAMI tiene menos de 60 años. Es inexplicable la cantidad de menores de edad que dependen del PAMI; es la obra social que más tiene. Allí van los hijos de pensionados junto a cientos de casos excepcionales. Los veteranos de guerra también están a cargo del PAMI, al igual que los jubilados prematuramente por invalidez.
Otro de los temas que llamaron la atención es que se instaló la «industria de la prórroga».
Dejá tu comentario