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16 de noviembre 2026 - 07:22

Prisión domiciliaria por salud: la Corte aprobó un protocolo médico para evaluar a los presos federales

El instrumento, elaborado por el Cuerpo Médico Forense, fija cómo deben hacerse los exámenes y cómo verificar si una cárcel puede brindar el tratamiento que necesita cada detenido. Aclara que no define quién accede al beneficio: esa decisión sigue en manos de los jueces.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó un protocolo que unifica los criterios médicos para evaluar los pedidos de prisión domiciliaria por razones de salud de personas detenidas en cárceles federales. La medida quedó formalizada en la Resolución 2867/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial con las firmas de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

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El documento fue elaborado por el Cuerpo Médico Forense, al que el máximo tribunal le había encargado la tarea mediante la Acordada 21/2026. La idea es que los informes periciales se hagan con criterios científicos homogéneos y comparables entre casos, y que sirvan de orientación a los jueces, que deben resolver sobre cuestiones médicas ajenas a su formación.

El protocolo alcanza a condenados y procesados mayores de 18 años alojados en unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y se aplica a tres supuestos previstos en la ley: cuando la cárcel le impide al interno recuperarse o tratar su enfermedad, cuando padece una enfermedad incurable en período terminal -con un pronóstico de vida de unos seis meses- y cuando tiene una discapacidad que vuelve la detención inadecuada o le implica un trato indigno. Los mayores de 70 años, las embarazadas y las madres de niños pequeños quedan en principio afuera de esta evaluación, salvo que se sume alguna de esas situaciones de salud.

Para cada caso, el examen se organiza en dos ejes. Por un lado, la evaluación médica, odontológica y de salud mental de la persona, que debe ser presencial, aunque se admite la entrevista telemática con un médico de la unidad presente. Por el otro, la verificación de si el tratamiento indicado puede realizarse efectivamente en la cárcel donde está alojado.

En ese punto, el texto es tajante: “La sola existencia nominal de un recurso no acredita su accesibilidad”. Los peritos deberán constatar el funcionamiento real del servicio de salud para ese detenido, desde la cobertura médica nocturna y los fines de semana hasta la entrega de medicación, el cumplimiento de la dieta o la presencia de rampas y ascensores. Las autoridades penitenciarias tendrán que completar un formulario con carácter de declaración institucional, que será contrastado con la historia clínica y con los informes de la Procuración Penitenciaria, la Defensoría General y los hábeas corpus colectivos vigentes.

El propio protocolo reconoce un límite del sistema: ningún dispositivo del SPF alcanza la alta complejidad, por lo que terapia intensiva, cirugía, unidad coronaria o hemodiálisis solo se resuelven con derivaciones a hospitales externos.

Las conclusiones de cada pericia deberán encuadrarse en cinco categorías, que van desde un tratamiento realizable en la unidad hasta uno que no puede llevarse a cabo en ningún ámbito penitenciario. También se prevé una categoría para los casos en que la información disponible no alcance para concluir, por ejemplo, cuando el SPF no envíe la documentación requerida.

El documento aclara que esas categorías no constituyen recomendaciones sobre la procedencia de la domiciliaria, una decisión que corresponde exclusivamente a los jueces. Tampoco obliga a que todos los exámenes los haga el Cuerpo Médico Forense: cualquier profesional designado por un tribunal deberá ajustarse a este estándar.

La resolución ordenó comunicar el protocolo a las cámaras con competencia penal, a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y a los ministerios de Justicia y de Seguridad. Está prevista una primera revisión en seis meses y, luego, actualizaciones anuales.

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