Procesan a Capaccioli y más exfuncionarios por los fondos de la campaña 2007

El juez Ariel Lijo procesó a Héctor Capaccioli, exsuperintendente de Servicios de la Salud e integrante de la Mesa Ejecutiva de la Alianza Frente para la Victoria, a otros exfuncionarios kirchneristas, y a empresarios, acusados de presunto lavado de dinero por la procedencia de los aportes para la campaña presidencial de 2007 que consagró a Cristina de Kirchner presidenta de la Nación.

El juez consideró que a través de aportes hechos por varias empresas se puso en circulación en el mercado la suma total de ochocientos $ 886.000 de origen ilícito, a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener su apariencia de licitud.

Además de Capaccioli, el juez Lijo procesó a Sebastián Gramajo (exlegislador de la Ciudad de Buenos Aires y responsable político de la alianza electoral), Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone (viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez).

En declaraciones a Radio Nacional, Lijo afirmó que en la campaña "se lavó dinero" y advirtió que no tiene "pruebas de que alguien más supiera de esta situación", más allá de los exfuncionarios y empresarios a los que procesó.

"Parte del financiamiento de la campaña de Cristina tenía origen ilegal, hablamos de lavado de dinero", señaló Lijo, quien indicó que "se utilizó plata de origen ilegal en una actividad legal". "No tenemos pruebas de que alguien más supiera de esta situación", afirmó.

"Capaccioli, Lorenzo, Brito y Gramajo podrían acogerse a la ley del arrepentido", consideró además Lijo, tras recordar que esa figura está vigente en causas por lavado de dinero.

Según dijo, el 25 por ciento del dinero aportado por droguerías a la campaña a la presidencia de Cristina de Kirchner tuvo un "origen ilegal". Así se refirió Lijo con respecto a respecto a fondos aportados por las empresas "Multipharma", "Global Pharmacy" y "Seacamp".

"Está probado que las personas responsables de esta maniobra son las imputadas y no tenemos pruebas que el resto estuviera al tanto o hubieran apañado esta situación", señaló Lijo.

En su resolución, el magistrado afirmó que los aportes efectuados por las empresas "Multipharma", "Global Pharmacy" y "Seacamp" para la campaña electoral del Frente para la Victoria del año 2007 se puso en circulación en el mercado la suma total de $ 886.000 de origen ilícito, a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener su apariencia de licitud.

Se analizó que tanto Néstor Lorenzo como Héctor Capaccioli fueron los encargados de poner en circulación este dinero y aprovecharon la campaña política para llevarlo a cabo. En base a las limitaciones que presentaba la ley de financiamiento de los partidos políticos (Ley 26.215) necesitaban de compañías privadas para desarrollar la maniobra, ya que no podían realizar donaciones anónimas y, además, tenían un tope máximo por empresa.

El juez demostró que la modalidad empleada por esta maniobra era la siguiente: las firmas en cuestión les entregaban a los responsables de la campaña electoral un cheque con el aporte correspondiente, recibiendo a cambio el recibo por parte de éstos y, en la fecha de cobro, las libranzas eran cubiertas con depósitos de dinero en efectivo.

En tal sentido, se verificó que "Multipharma", "Seacamp" y "Global Pharmacy" no contaban con capacidad económica suficiente para hacer frente a los aportes que aquí se registraron, las sumas aportadas no guardaban similitud con los parámetros de dinero que manejaban, y además no poseían registros contables de los correspondientes aportes realizados. Así, destacó que las empresas carecían de fondos suficientes para ello e igualmente realizaron esos aportes bajo un supuesto modo de donación.

Indicó además que las operaciones realizadas por esas tres empresas no guardaban semejanza con su realidad económica. Aclaró que carecía de sentido realizar una donación por un monto mayor al que la compañía podía manejar, y sólo era posible llevarlo a cabo si ese dinero no le pertenecía. Por ello, sostuvo que se trataba de blanquear dinero de origen espurio que no se encontraba debidamente declarado.

Sumado a esa insuficiencia económica de las empresas, destacó el hecho de que en la misma fecha en la que era presentado el cheque para su cobro en el banco interviniente se cubría el monto necesario con depósitos de dinero en efectivo por caja. Incluso recalcó que había cuentas bancarias que hasta ese momento presentaban saldo negativo. Analizó que la forma en la que era realizados los depósitos permitió que no quedara rastro de quién fue el que efectuó el correspondiente aporte, puesto que la normativa bancaria no contemplaba la individualización del depositante y, de tal modo, el aportante se volvía anónimo.

Asimismo, se destacó que Lorenzo retuvo para sí los recibos de los aportes "Multipharma S.A.", "Global Pharmacy Service S.A." y hasta aquellos librados a título personal por Torres, los cuales fueron oportunamente incautados de su domicilio en los allanamientos practicados en los autos nro. 1787/07 en el que se investigaba la llamada "mafia de los medicamentos".

Así, a raíz de todas las pruebas colectadas, el magistrado consideró que quedó evidenciado que las circunstancias y el contexto en las que los activos fueron manejados permitían deducir indefectiblemente que los fondos aportados sólo podían provenir de la comisión de un delito.