Quantín, hoy funcionario, rechazó las extradiciones

¿Podrá revivirse el caso de Carlos Sánchez Herrera, el procurador que debió renunciar porque defendió a un general del Proceso? En rigor, la complicación es mayor para el ministro Gustavo Béliz, quien conoce la situación, y para su segundo, Norberto Quantín. Ocurre que éste, siendo fiscal, refutó con fundamento y dureza (ver páginas centrales de este diario) al magistrado Gabriel Cavallo por haber declarado la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Como se sabe, Néstor Kirchner piensa como Cavallo y como el candidato a la Corte Eugenio Zaffaroni, por lo que la diferencia con Quantín, e inclusive con Béliz, debería ser más tajante que la que tuvo (transitoriamente, claro) con su abogado Sánchez Herrera. Son cuestiones de ética.

No dejan de sorprender las curiosas diferencias que conviven en el gobierno de Néstor Kirchner. Si sorprendió que el ministro de Justicia, Gustavo Béliz deberá respaldar a su «enemigo», Eugenio Zaffaroni, como candidato a la Corte, y que el Presidente echara al doctor Carlos Sánchez Herrera de la procuraduría de la Nación por haber sido abogado de un general procesado, sorprende más que el secretario de Seguridad, Norberto Quantín, siendo fiscal de Cámara haya defendido con inexplicable fervor la constitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final cuando el juez Gabriel Cavallo las declaró ilegales.

Fue en una causa en la que Quantín pidió el sobreseimiento de Leopoldo Fortunato Galtieri, Guillermo Suárez Mason y Antonio Herminio Simón entre una docena de acusados de violar los derechos humanos. Algo que Béliz no ignora.

En un extenso dictamen, Quantín comprende la «desazón» que invadió a Cavallo para declarar la nulidad de la leyes de perdón, pero consideró que el Poder Judicial «jamás», declaró inconstitucionales amnistías dictadas por el Congreso.

En un paseo histórico por hechos que conmovieron la humanidad, este Quantín hoy secretario de Seguridad, los adopta como argumentos para sostener que en distintos países las normas internacionales, no han sido puestas por encima de sus respectivas leyes.

«¿Acaso en Francia, cuna de los derechoshumanos, se aplican al General Aussaressec, quien acaba de reconocer con cinismo haber practicado la tortura y procedido a la ejecuciones sumarias en Argelia?; ¿Acaso las ponen en práctica los Estados Unidos, gendarme del mundo, que sólo se preocupan en llamar daños colaterales a bombardeos salvajes a transportes civiles indefensos?; ¿Alguien impide que el autor de la masacre de Paracuellos del Jarama pasee por las calles de Madrid? ¿Basta arrojar o masacrar las poblaciones desde un avión para poner a sus autores fuera de la condena internacional como Dresde, Hiroshima o Nagasaki», son algunos de los interrogantes que se plantea Quantín.

Lo hace para asegurar que el derecho convencional prima sobre el derecho interno, «pero no están no pueden estarlo contra la propia Constitución Nacional».

Así sostiene que aún cuando los ilícitos investigados sean reputados como crímenes de lesa humanidad, las consecuencias de esta calificación que no es otra que la imprescriptibilidad de la acción penal (en función de la Convención Internacionalsobre la Desaparición-Forzada de Personasincorporada a la Constitución en 1997) «no es de aplicación a causa del principio de legalidad contenido en el artículo 18 de la Carta Magna, ya que los sucesos atribuidos fueron cometidos en el período comprendido entre octubre de 1978 y 1980».

Y haciendo referencia a Germán Bidart Campos, sostiene que los delitos cometidos contra del derecho de gentes, tanto cometido en territorio argentino como fuera de él, necesitan contar con incriminaciónpropia de la ley penal interna.Así afirma que los hechos investigados ya se encontraban tipificados en la ley interna en el momento de ser cometidos y encuadrados como asociación ilícita, «delitos que ya están prescriptos».

«No se puede armar una figura delictiva con varios trozos normativos para gambetear la aplicación de la ley penal más benigna y los principios constitucionales del debido proceso», subraya Quantín en su vigorosa defensa a la constitucionalidad de las leyes que hoy el gobierno pide anular.