Moisés Maiónica es un abogado venezolano de 36 años que desde el inicio de la investigación en Miami se lo vinculó con la oficina de inteligencia de Venezuela, DISIP. Está detenido junto a otros dos venezolanos y un uruguayo en la causa donde se los investiga por actuar como agentes extranjeros en territorio de los EE.UU. sin haberlo notificado y conspirar para que Guido Antonini Wilson silenciara el origen y el destino verdaderos de los u$s 800.000 que fueron incautados en Aeroparque la madrugada del 4 de agosto de 2007. Ahora se declaró culpable de haber conspirado y anunció que colaborará con la investigación de la Fiscalía.
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Hasta que se inició el escándalo en Miami, era uno de los abogados y empresarios de lo que en Caracas se conoce como la «boliburguesía», el núcleo más cercano a Hugo Chávez que se benefició con su gobierno.
Es un consultor y auditor económico relacionado con la colectividad italiana en Venezuela y, como muchos de sus amigos, es un activo proveedor de bienes al Estado.
Es especialista en derecho corporativo e hijo de uno de los empresarios más cercanos a Chávez. Pero además tejió una fuerte alianza con el ex vicepresidente Jorge Rodríguez.
Fue Maiónica quien cerró el acuerdo para que la firma Cogent Systems proveyera los sistemas de digitalización electoral y para que la ya famosa SmartMatic le vendiera al gobierno de Chávez las máquinas de votación que se aplican en las elecciones venezolanas.
Basado en esa confianza el gobierno venezolano habría enviado a Maiónica a Miami para convencer a Antonini Wilson sobre la estrategia a seguir para encubrir los fondos por los que se lo acusa en Buenos Aires.
De hecho, en la declaración que hizo en la causa el agente del FBI Michael Lasiewicki, se involucra al nuevo converso como uno de los agentes venezolanos más cercanos al gobierno de Chávez: «Moisés Maiónica habló por teléfono con Guido Alejandro Antonini Wilson y le afirma a Antonini que su relación con el asunto empezó en una conversación telefónica de tres vías con la Oficina de la Vicepresidencia de Venezuela, la DISIP, y él mismo en la que Maiónica recibió su misión».
Es más, según el mismo agente, es quien le garantiza a Antonini que «Petróleos de Venezuela pagaría todos los gastos en los que pudiese incurrir como resultado de la confiscación de los u$s 800.000».
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