Hugo Moyano no deja de sorprender. Con pose «nac & pop» y vestido de ferviente defensor del estatismo, el camionero expone un criterio casi liberal cuando propone suprimir la intervención del gobierno en las negociaciones entre los prestadores de salud y los gremios.
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En ese tema es, de algún modo, privatista porque pretende eliminar cualquier mediación del Estado en la disposición de los aranceles que las obras sociales sindicales les pagan a los prestadores de salud. En persona, Moyano lleva adelante ese lobby. El tema es simple. El albertista Héctor Capaccioli, todavía a cargo de la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS), dispuso poner en funcionamiento una Comisión Permanente de Concertación para discutir, con el gobierno como árbitro, los aranceles que las obras sociales deben pagar a los prestadores.
A mitad de año, por esa vía, se acordó una suba de 30% para este año: 15% en agosto y 15% en diciembre. Con ese compromiso, los prestadores nucleados en ADECRA, CADIME y Confeclisa aceptaron abrir la paritaria y otorgaron un incremento salarial de 25% en cuotas de 15% y 10%.
Pero ahora la CGT desconoce aquel acuerdo que garantizó Capaccioli. Y eso no es todo: también le reclama al gobierno que la SSS, que controla Capaccioli pero depende, en alzada, de la ministra de Salud Graciela Ocaña, deje de intervenir en esas negociaciones. Quizá sea el primer paso para avanzar sobre el malherido albertista que pervive en la SSS luego de la retirada de su jefe -a quien Kirchner le sigue negando la palabra- y luego de las embestidas, con denuncias de por medio, de la ministra Ocaña.
Capaccioli es, en rigor, el único impedimento operativo para que Moyano maneje la Superintendencia. De hecho, un viejo amigo suyo, Juan Rinaldi, está a cargo de la APE, oficina que depende orgánicamente de la SSS donde permanece el porteño Capaccioli.
Desde hace tiempo, a ese funcionario el moyanismo lo tiene en la mira, no sólo por su obediencia a Alberto Fernández, a quien el camionero acusó de ser quien susurraba al oído de Cristina de Kirchner maldades sobre el clan Moyano, sino porque Capaccioli animó una cena del barrionuevismo donde se planearon avanzadas contra el ahora reelecto jefe de la CGT.
Pero, en esencia, hay un menú de asuntos que Moyano, y la CGT, quieren negociar con la Casa Rosada en torno de las obras sociales. El sistema «solidario» por aportes de los monotributistas, la desregulación y los fondos que se recaudan, vía AFIP, para el sistema de salud sindical.
De esos asuntos ya hablaron con Cristina de Kirchner y ayer volvieron a planteárselo a Sergio Massa. El jefe de Gabinete conoce, en detalle, la cuestión previsional y maneja, por extensión, el complejo sistema de prestadores y aportes de las obras sociales sindicales.
Moyano, al igual que otros jefes gremiales, también conoce minuciosamente ese negocio: no sólo por tener que manejar las obras sociales de sus sindicatos -aunque muchos, como UPCN, la tienen «tercerizada»- sino porque algunos están en los dos lados del mostrador. Pero, en paralelo al lobby moyanista, los prestadores ya le enviaron su queja a la Casa Rosada. De hecho, al jefe de Gabinete le enviaron una nota donde alertan sobre la intención de la CGT de «limitar las facultades de la Superintendencia de Seguros de Salud».
Le explican, en concreto, que la pretensión de la CGT es borrar la Comisión Permanente Concertadora y desconocer el «cumplimiento obligatorio de los aranceles» de las prestaciones médico asistenciales. La nota la envió la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico ( CADIME), entidad que preside Guillermo Gómez Galizia.
Al cierre de la nota, los prestadores le piden a Massa una audiencia para explicar en detalle sus requerimientos y confrontar, en argumentos, con el pedido que ya hizo la CGT y ayer reiteró ante Massa.
Además, los prestadores quieren presentarle al jefe de Gabinete un análisis del sector en relación con las obras sociales. Ese informe destaca varios puntos:
Entre 2002 y 2007, la recaudación de las obras sociales aumentó 229%, mientras que la variación de las cuotas de la medicina prepaga, entre 2002 y 2008, creció 171%.
En tanto, los costos de las empresas prestadoras de diagnóstico y tratamiento médico ambulatorio subieron 218,19%, mientras que los aranceles se actualizaron, recién en 2007, 40%. La suba prevista para este año (de 30%), que estaba acordada, todavía no se concretó.
En tanto, entre 2005 y 2008 los aumentos salariales del convenio colectivo 108/ 75 fueron de 155%. Entre 2001 y 2008, el salario básico (primera categoría) se incrementó en el período 399,85%. En diciembre de este año, el salario mínimo del sector -área de mantenimiento, quinta categoríaserá de $ 1.511,1.
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