Gran Bretaña aprobó una nueva Constitución para insistir en cerrar toda negociación relativa a los reclamos históricos de la Argentina sobre la soberanía de las islas usurpadas.
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El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido (Foreign Office) informó que la reina Isabel II firmó el miércoles la Orden de la Constitución de las Islas Malvinas de 2008, que entrará en vigor el 1 de enero de 2009. La decisión ignora los sucesivos reclamos de la Argentina ante las Naciones Unidas (ONU) y el pronunciamiento de este organismo internacional en 2006 respecto del «principio de descolonización» y la necesidad de diálogo entre ambas partes para encontrar una solución pacífica del conflicto. El canciller Jorge Taiana afirmó ayer: «El único objetivo que, en definitiva, persigue el Reino Unido otorgando y aprobando lo que denomina reformas es perpetuar una anacrónica situación colonial».
Agregó que la decisión del gobierno británico de aprobar un nuevo marco legal para las islas Malvinas «constituye una flagrante violación del mandato que nos imponen las Naciones Unidas» por la soberanía sobre la cuestión del archipiélago. Además, dijo que el gobierno argentino había presentado una protesta formal al Reino Unido y va a denunciar ante la comunidad internacional «esta violación de la soberanía argentina y del derecho internacional».
La Argentina había intentado dos semanas atrás sentar un importante precedente jurídico en el Comité Especial de Descolonización de la ONU (del que era presidente en ese momento): la estrategia se basó en la ausencia de las Malvinas en la lista de territorios no independientes para los cuales se reafirmó el «derecho inalienable» a la autodeterminación de sus habitantes. Sin embargo, la representación británica neutralizó la jugada al eliminar del texto la frase que indicaba que ese derecho inalienable se aplicaría en los sitios en donde «no hubiera disputa de soberanía». Ahora, Gran Bretaña da un paso más.
La nueva Constitución reemplaza a una versión acordada en 1985, tres años después de la guerra entre la Argentina y Gran Bretaña por la soberanía del archipiélago. En este sentido, Gillian Merron, viceministra de Relaciones Exteriores británica, destacó que «el mundo ha progresado desde que la anterior Constitución de las islas entró en vigor», y agregó que este cambio era necesario debido a que las Malvinas «se han desarrollado considerablemente, tanto económica como socialmente». Las modificaciones se centran en una mayor autonomía para el gobierno local, así como el pasaje de «estatus» de «ciudadanos del Commonwealth» a «ciudadanos británicos» (pasaje que deberán solicitar de manera expresa, no es automático).
Estos cambios, sin embargo, no afectan en ningún punto los intereses del Reino Unido en el territorio; lo único que alteran es el modo de relacionarse entre las islas y Gran Bretaña. Merron enfatizó este hecho al afirmar que la nueva Constitución no influye sobre «el compromiso global del Reino Unido con las islas». Para el gobierno, la situación tampoco es diferente: para ellos es una prueba más de la falta de disponibilidad de Gran Bretaña para llegar a una solución del conflicto, como ha sido indicado repetidamente por la ONU.
Dentro de las modificaciones más importantes figura una mayor libertad de acción para el gobernador de la isla (designado por la reina): si bien tiene que acatar en general los dictámenes del gobierno británico sobre la política local, puede no seguir esas recomendaciones «en el interés de la buena gobernanza» del territorio en materia de asuntos exteriores, seguridad interna, administración de justicia y gestión de los servicios públicos. También reconoce al jefe del Ejecutivo como «cabeza de los servicios públicos, pero bajo la autoridad y dirección del gobernador», además de crear un nuevo Comité de Cuentas Públicas y un comisionado para las quejas.
Según Mike Summers, portavoz del gobierno de las Islas, la nueva Constitución describe «más apropiadamente» la relación entre las Malvinas y el Reino Unido, y «establece formalmente el grado de autonomía interna». Una autonomía desconocida por la Argentina y las Naciones Unidas que en sus resoluciones indica claramente que la situación se debe solucionar a través de la negociación bilateral entre la Argentina y Gran Bretaña.
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