El Gobierno aceptó las renuncias presentadas por el fiscal nacional en lo Criminal y Correccional Martín María Niklison y de la jueza nacional en lo contencioso administrativo María José Sarmiento.
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El Decreto 467/2018 publicado este viernes en el Boletín Oficial destacó que resulta "necesario proceder a la aceptación" de la renuncia de Niklison, mientras que el 466/2018 consideró lo mismo para el caso de Sarmiento.
Niklison había presentado la renuncia, ahora aceptada, a partir del 1 de mayo al cargo de fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 9. Mientras tanto Sarmiento hizo lo propio a partir del 1 de junio al cargo de jueza del Juzgado Nacional de Primero Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, de la Capital.
A principios del 2016 el entonces fiscal de instrucción Martín Niklison presentó una denuncia contra el presidente Mauricio Macri y Néstor Grindetti, ex secretario de Hacienda del mandatario durante su gestión en la Ciudad de Buenos Aires. La denuncia, por supuesto ocultamiento de sociedades off shore, fue enviada por la justicia en lo criminal al juez federal Sebastián Casanello por considerar "omisión maliciosa de datos".
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La jueza renunciante ingresó al Poder Judicial en 1979, nombrada por Jorge Rafael Videla, y es magistrada desde 1994. Sarmiento es hija del teniente coronel Luis Sarmiento, quien durante la dictadura militar formó parte en la secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), fue ministro de Gobierno de Misiones y a principios de los 80, en pleno apartheid, fue delegado del organismo de inteligencia en Sudáfrica.
Durante el gobierno de Carlos Menem, la jueza fue una de las magistradas que falló en contra de innovar respecto del rebalanceo de las tarifas telefónicas que el Gobierno había dispuesto. En 2002, hizo lugar a varios amparos de ahorristas que querían retirar sus fondos del sistema bancario tras la imposición del "corralito".
En 2007 ordenó que la exministra de Economía Felisa Miceli aclarase en el Senado sobre su decisión de incorporar subrepticiamente en un proyecto de ley el pago de $ 315 millones en bonos al grupo Greco, quien tenía al momento una millonaria deuda con el Estado.
Una de las causas importantes data de 2008, cuando Sarmiento declaró ilegal el corte del puente internacional San Martín que realizaban manifestantes de Gualeguaychú contra la instalación de la pastera Botnia. El pedido había venido de un particular que pretendía cruzar hacia Uruguay.
En tanto, en enero del 2010 la magistrada tocó su pico de popularidad mediática, cuando dispuso la continuidad en el cargo de presidente del Banco Central de Martín Redrado y frenó el uso de reservas ordenado por un DNU de Cristina de Kirchner para pagar deuda externa. Luego de esa decisión, su padre fue detenido por unas horas vinculado a delitos de lesa humanidad.
En 2014, ordenó que la petrolera argentina YPF entregue en un plazo máximo de diez días hábiles los documentos solicitados por el diputado radical Manuel Garrido sobre un posible acuerdo con la norteamericana Chevron para la explotación de una porción del yacimiento Vaca Muerta.
En 2003, el juzgado de Sarmiento ganó el premio al Mejor Tribunal del fuero contencioso administrativo que entregaba el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y en 2004 las entidades Fores e IDEA le dieron un premio a la Excelencia Judicial.
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