Los camaristas federales Eduardo Luraschi y Horacio Cattani tendrán que resolver los recursos presentados contra la declaración de nulidad del indulto a favor de Jorge Rafael Videla en una causa por secuestro extorsivo. También deberán analizar la situación de los ex ministros de Albano Harguindeguy (Interior) y José Alfredo Martínez de Hoz (Economía), involucrados en la misma causa.
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La Sala II de la Cámara Federal quedó integrada de esta forma, luego de que se aceptara la excusación de Martín Irurzun y se rechazara, por mayoría de votos, la de Cattani, quienes, con distintos argumentos, habían pedido apartarse del caso.
«La conformación del tribunal permitirá avanzar en la investigación para que la causa, que tramita por las normas del 'viejo' código, siga su curso», explicó una fuente judicial.
La nulidad de los indultos había sido solicitada por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justiciay por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FNIA).
En la causa se investiga el presunto secuestro extorsivo de dos empresarios que habrían sido privados de su libertad por una operación comercial de venta de algodón a Hong Kong y para obligarlos a hacer otras transacciones.
Excusaciones
Irurzun se inhibió de actuar porque precedió a Oyarbide como instructor de la causa, en tanto que Cattani había expuesto que ya había intervenido en otras causas en las que se evaluó la validez de los decretos que concedieron el perdón a los procesados.
Luraschi apoyó la postura de Cattani, pero los camaristas Eduardo Freiler y Gabriel Cavallo, si bien ponderaron la actitud de su par, recalcaron que la imparcialidad no estaba afectada y que los respectivos defensores no cuestionaron al magistrado.
Según constancias del sumario, que Oyarbide tramita con la intervención del secretario federal Jorge García Davini, el 5 de noviembre de 1976 la dictadura sancionó el decreto 2.840 poniendo a disposición del PEN a los hermanos Federico y Miguel Gutheim.
La privación de la libertad de los empresarios obedecía, de acuerdo con ese decreto, a «la primordial responsabilidad del gobierno (de entonces) en consolidar la paz interior, asegurar la tranquilidad y el orden público y reservar los permanentes intereses de la república».
Oyarbide investiga las circunstancias que rodearon a aquellas detenciones, que se prolongaron algo más de cinco meses, hasta que el 6 de abril de 1977, por un nuevo decreto del gobierno de facto (el número 949), «se dejaron sin efecto los arrestos» pues « desaparecieron las causas».
Los indultos a Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz fueron otorgados mediante los decretos presidenciales 1002/89 y 2745/90, firmados por Carlos Menem.
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