El gobierno publicó recién esta semana en el Boletín Oficial el
decreto de creación de la autoridad que manejará la limpieza
del Riachuelo. En junio del año pasado, la Corte ordenó sanear
ese curso que atraviesa once municipios bonaerenses.
Tendrá el gobierno de Néstor Kirchner que presentar pruebas convincentes para demostrar que está haciendo algo (bueno) para terminar con la contaminación del Riachuelo. Está más obligado después del encarnizado conflicto diplomático que mantiene con Uruguay por la instalación de la pastera de Botnia en Fray Bentos. Después de todo, cuando sopla la brisa del Sur, la contaminada fragancia se escurre por las ventanas de la Casa Rosada sin respetar que el patagónico haya gastado varios millones en reciclar su color original.
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Además del Estado nacional, quienes deberán rendir cuenta son los gobiernos de Felipe Solá y de Jorge Telerman, también varios directivos de empresas que aparecen acusadas de haber provocado la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo y de afectar la salud de decenas de pobladores.
Es lo que ayer decidió la Corte Suprema de Justicia, que en su primer acuerdo bajo la presidencia del santafesino Ricardo Lorenzetti los citó para el 20 de febrero.
Explicaciones
En esa audiencia todos los mencionados deberán explicar qué acciones tomaron hasta ahora por la contaminación y dar un informe «acerca de las medidas de toda naturaleza, adoptadas y cumplidas hasta la fecha en materia de prevención, de recomposición y de auditoría ambiental sugeridas en el plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo».
La nueva convocatoria de la Corte surge en la causa por la que obligó el año pasado a los gobiernos y a las empresas que arrojan residuos industriales en el Riachuelo a poner fin a la contaminación y reparar el daño ambiental.
Los acusados deberán presentar información vinculada a la «evaluación del impacto ambiental respecto de las empresas demandadas y, por último, de las acciones llevadas a cabo que se relacionancon el sector industrial y poblacional y con la atención y prevención en materia de salud».
Al aceptar encargarse del caso, los ministros sostuvieron que la reforma de 1994 incorporó en el artículo 41 de la Constitución nacional el derecho de los habitantes a un ambiente sano, por lo cual el tema tiene jerarquía constitucional y puede ser tratado en el máximo tribunal.
En una primera audiencia, en junio del año pasado, los demandados presentaron a la Corte un plan de saneamiento cuyos avances deberán informar en dos semanas.
Plan
En aquella oportunidad, la Corte escuchó el plan de saneamiento presentado por la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, en representación de los gobiernos nacional, bonaerense y porteño.
Mientras tanto, en su exposición, seis empresas negaron que hayan tenido responsabilidad en la contaminación del Riachuelo y una de ellas advirtió incluso que deberá cerrar la planta si el gobierno la obliga a trasladarse del polo petroquímico Dock Sud. Esas empresas forman parte de las 44 firmas que fueron demandadas ante la Corte por un grupo de vecinos que habitan en la zona de la cuenca del Matanza-Riachuelo y culpan a esas compañías por la contaminación ambiental.
La demanda llegó al máximo tribunal impulsada por 140 vecinos y damnificados. Se trata de habitantes del asentamiento conocido como Villa Inflamable, en Dock Sud, asentados frente la refinería de Shell y a la vera del Riachuelo donde -según denunciaron- las napas subterráneas están contaminadas con metales pesados, como plomo puro.
Ahora, el gobierno deberá mostrar si el esfuerzo que utilizó para llevar hasta La Haya la disputa para frenar la construcción de las papeleras en Fray Bentos ante el daño inminente también tuvo su correlato en un programa para liberar de contaminación el Riachuelo, que tiene 64 kilómetros y conlleva riesgos para 4,6 millones de personas que viven en la amplia zona que abarca parte de la Capital Federal y trece partidos bonaerenses.
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