La Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley el traspaso de la administración de la exESMA y otros excentros clandestinos de detención de la órbita de la Ciudad a la del Estado nacional, luego de un tenso debate, repleto de cruces.
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La votación arrojó 142 respaldos y 81 rechazos, entre los que se incluyó a todos los bloques de la oposición, menos al PRO de Mauricio Macri, con quien el Poder Ejecutivo rubricó el acuerdo, que ya fue ratificado por la Legislatura porteña.
El tratamiento de la norma, que se extendió por más de tres horas, incluyó duros cruces entre el oficialismo y la oposición, que advirtió que el gobierno nacional podría hacer un "mal uso" de los edificios y cuestionó que a raíz del traspaso se disuelva el Instituto Espacio para la Memoria (IEM), que coordinaba esos sitios.
Los diputados e hijos de desaparecidos Victoria Donda y Horacio Pietragalla protagonizaron uno de los cruces más fuertes de la jornada.
Luego de que la legisladora de Libres del Sur denunciara que el Gobierno no tiene "una política consensuada con los garantes de la memoria" y criticara que el kirchnerismo coloca al denunciado César Milani como jefe del Ejército, Pietragalla le echó en cara que había sido electa por primera vez en una lista del Frente para la Victoria.
"Acá podemos ver la cantidad de hijos que hay y, paradógicamente, la única hija que está en la oposición la puso Néstor Kirchner, digámoslo", enfatizó el diputado oficialista, mientras Donda le gritaba desde uno de los palcos, adonde estaba acompañada por militantes de agrupaciones de derechos humanos.
En tanto, el radical Ricardo Alfonsín discutió fuerte con el kirchnerista Remo Carlotto, que lo criticó por fuera del micrófono.
"Callate, autoritario. Sos un deshonesto vos. Yo no te interrumpí, no tenés más derecho que nadie", advirtió efusivamente el bonaerense.
El kirchnerista e hijo de desaparecidos Juan Cabandié fue otro de los que generó polémica en el recinto con su discurso, al señalar que el IEM tuvo una "mala gestión" y "no se realizaron las obras para dar a conocer lo que sucedió ahí".
El diputado de La Cámpora, que cerró el debate, rechazó las voces opositoras que hablaron de un "pacto" entre la Casa Rosada y el PRO y subrayó: "Estamos hablando de gobernabilidad, no de pacto, o acaso hay un pacto entre el gobierno nacional con el socialista de Santa Fe para enviar fuerzas federales".
"Nosotros no hicimos ningún cacerolazo con Cecilia Pando, que reivindica la dictadura militar. Esperamos que en los tiempos venideros y en los próximos gobiernos puedan también investigar la complicidad civil de los 50 intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires que estuvieron en la dictadura", resaltó Cabandié.
Por el PRO, Pablo Tonelli consideró: "No me parece que esté aquí en discusión la política de derechos humanos desde 1983 en adelante, jamás disminuiría lo que hizo el expresidente (Raúl) Alfonsín y también se ha avanzado posteriormente en materia de derechos humanos y en esclarecimiento y juzgamiento".
"Las objeciones que se han hecho son más especulaciones que certezas. Se especula con el que gobierno nacional una vez que tenga el predio va a hacer esto o aquello, nada indica que el gobierno nacional vaya a desnaturalizar el espacio", sostuvo el macrista.
Por su parte, la diputada de Proyecto Sur, Alcira Argumedo, quien era parte del consejo directivo del IEM, advirtió que la disolución de ese instituto "no es casual, porque el PRO y el FpV votaron en conjunto" para "despojar a protagonistas de la historia de los derechos humanos como Nora Cortiñas, Martha Vázquez y Adolfo Pérez Esquivel".
Para el diputado del GEN, Omar Duclós, en el acuerdo estuvo "la voluntad de la Nación de apropiarse de los espacios de la memoria y de la voluntad de la Ciudad de desertar de la responsabilidad de custodiar esos espacios".
En el inicio de la discusión, el presidente de la comisión de Derechos Humanos, Remo Carlotto, destacó la política encarada en 2003 en esa materia y aseguró que "se ha diseñado una mirada que busca rescatar la memoria, la recuperación de los valores, el compromiso de los luchadores populares en Argentina, que decidieron confrontar no sólo con la dictadura cívico-militar, sino con todas las dictaduras de Argentina".
"Desde la asunción de Néstor Kirchner, el Gobierno nacional planteó una política de memoria, verdad y justicia poniendo al Estado a resolver lo que el Estado terrorista había infligido sobre el pueblo argentino", agregó Carlotto.
El acuerdo abarca al exedificio del Casino de Oficiales, al Pabellón Central, a La Imprenta, el Taller Mecánico y la Enfermería, todos situados en Avenida del Libertador del 8151 al 8461.
Además, el centro Automotores Orletti, de Venancio Flores al 3500; al Club Atlético de Paseo Colón al 1200; al Olimpo, de Ramón Falcón 4250, y Virrey Cevallos, de Virrey Cevallos 628.
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