El gobierno dedicará esta semana a simular un examen de las impugnaciones y adhesiones a la postulación del penalista Eugenio Zaffaroni a la Corte Suprema. Se sabe que el Ministerio de Justicia y Seguridad, de Gustavo Béliz, recibió hasta el jueves pasado 900 presentaciones con opiniones encontradas sobre la figura del candidato oficial para suceder a Julio Nazareno en el máximo Tribunal de Justicia. Aunque el gobierno gusta decir que «no existen objeciones de peso» y que Zaffaroni sorteará con holgura el examen del Senado, ya se anuncia en la Cámara alta una fuerte resistencia a este candidato. Cuestionamientos que tienen que ver con su paso por la Justicia, y que son guardados con extraño celo gubernamental.
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Pese al anuncio del viceministro de Justicia, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, de hacer públicas las observaciones a posteriori del vencimiento del plazo, todavía existen inconvenientes para acceder a esa información. La presentación de impugnaciones y adhesiones a la figura de Zaffaroni venció el miércoles pasado. Pero impera el «secreto» sobre el contenido de las mismas. Algo similar ocurrió cuando se inició este proceso. En la página Web de la cartera de Justicia había un acceso para visualizar las «observaciones presentadas». Si bien en un principio figuró un cartel que no había ninguna presentación formal, tanto el acceso a la información como ese destacado fueron retirados tres días después (16 de julio) que comenzara el plazo para objetar y adherir a la postulación. Esta situación confusa motivó que el senador tucumano Pablo Walter (Recrear) presentara el jueves un proyecto de comunicación exigiendo que el gobierno dé a conocer el contenido de las impugnaciones que existen sobre Zaffaroni.
El oficialismo, con cierta euforia, sólo ha divulgado que Zaffaroni contó con el respaldo de algunos organismos no gubernamentales, instituciones académicas y asociaciones vinculadas a la administración de Justicia. Incluso desde el exterior como la Universidades de Salamanca y Bolonia y, obviamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero poco se informó sobre las objeciones que recibió el jurista, como las 270 cartas que impugnan su nominación y a las que se pretende descalificar. En realidad, la reglamentación del Decreto 222/03 no establece una diferenciación que indique que las presentaciones que realicen las personas físicas merecen menos consideración que las concretadas por las personas jurídicas. Lo único que se establece es que los firmantes deberán manifestar en carácter de Declaración Jurada que sus datos son veraces y que no existen razones que pongan en duda su objetividad respecto del candidato propuesto.
•Distanciamiento
Aunque es verdad que las adhesiones que recibió Zaffaroni son importantes, no es menos cierto que el jurista se quedó sin el apoyo de otras instituciones relevantes. Por caso, la Facultad de Derecho de la UBA decidió comunicar al Ministerio de Justicia que simplemente certificaba los antecedentes académicos y docentes de Zaffaroni, que es profesor y titular de cátedra de esa casa de estudio (los que sí cuestionaron su designación fueron los consejeros directivos que representan a los graduados).
Una posición similar de distanciamiento adoptó la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la Academia de Derecho y la Conferencia Episcopal Argentina; hasta el obispo de Morón, Monseñor Laguna, cuestionó la candidatura del penalista.
No apoyaron esta postulación, organizaciones de derecho como el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de La Matanza y Azul, el Foro de Estudio sobre Administración de Justicia (Fores), profesores de la Universidad de Córdoba, la Sociedad de Abogados Penalistas de Buenos Aires, la Asociación Antidrogas de la Argentina, la Asociación Civil Mujeres por la Vida. También encontró resistencia, de la Fundación Bicentenario, Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) y de abogados de renombre como Javier Rojo, Juan Carlos Iglesia y Miguel Radrizzani Goñi, entre tantos otros.
Pese a lo descripto, en el gobierno sostienen que -en principio-no observarían inconvenientes para que la postulación de Zaffaroni sea elevada por el Poder Ejecutivo a consideración del Senado.
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