Efectivos de la Prefectura Naval y la Policía Federal allanaron este miércoles la municipalidad de Río Gallegos, el chalet de Martín Báez -procesado hijo del empresario kirchnerista Lázaro Báez- y el corralón de la empresa Austral Construcciones. En tanto una fiscal pidió embargar una estancia de Lázaro Báez en Uruguay.
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Los operativos se concretaron en la sede comunal, en la calle Comodoro Py 870 en que vive Báez hijo, y en la sede de la constructora ubicada en la zona norte de la ciudad. No obstante, Martín Báez, procesado sin prisión preventiva por supuesto lavado de dinero a través de la financiera "La Rosadita", no se encontraría en el interior de la vivienda, confiaron las fuentes del caso.
El fiscal federal Guillermo Marijuan aseguró que durante los allanamientos realizados el martes en la provincia de Santa Cruz se encontraron "más propiedades" de las que el empresario Lázaro Báez, procesado y detenido en la causa por lavado de activos, había reconocido en su declaración patrimonial.
"El supuesto era la exportación de dinero, por lo cual no parecería lógico estar buscando algo", dijo Marijuan, y agregó que, además, en su declaración Leonardo Fariña, involucrado en la causa por lavado de dinero y quien denunció en televisión la existencia de bóvedas para guardar dinero en efectivo, mantuvo "el último contacto con los principales imputados en 2011".
El fiscal consideró también que "la riqueza mal habida que se pudo haber conseguido con un ilícito, no necesariamente tiene que estar en efectivo", e insistió en que pese a que dijeron que estaban buscando dinero, "ese aspecto no es abarcativo de lo que es realmente el objetivo de la diligencia".
En cuanto a la situación patrimonial de Báez, explicó que las propiedades que se detectaron y que no se conocían pudieron haber sido donde "pudo haber ido a parar mucho dinero proveniente de estas maniobras" de lavado de activos.
En tanto, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó la Municipalidad de Río Gallegos. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Sergio Torres, luego del allanamiento que tuvo el pasado 15 de abril en la Casa de Gobierno de Santa Cruz.
El operativo tuvo como objetivo la búsqueda de documentación que pruebe el origen de los fondos con los que se construyó el mausoleo donde descansan los restos del exmandatario, fallecido en octubre de 2010.
Además, se produjo en momentos en que en la provincia de Santa Cruz se lleva a cabo un amplio operativo judicial para allanar las propiedades de Báez, en el marco de la causa que sigue adelante el juez federal Sebastián Casanello por lavado de dinero.
El caso por el que se realizaron los procedimientos en la Municipalidad de Río Gallegos y las oficinas de Austral Construcciones comenzó en 2013 y busca establecer de dónde salieron los fondos con los cuales Báez levantó el mausoleo de Kirchner.
El decreto que se firmó para construir el monumento preveía la apertura de una cuenta bancaria para tal fin, algo que nunca se materializó, según consta en el expediente. El predio, dentro del cementerio de Río Gallegos, era del Ejecutivo provincial y fue cedido a la intendencia de Río Gallegos.
En tanto, una fiscal uruguaya especializada en Crimen Organizado pidió allanar el campo "El Entrevero", ubicado en Maldonado, cuya propiedad es del empresario Lázaro Báez, procesado días atrás por lavado de dinero. Ocurre mientras en Santa Cruz se ordenaron casi 50 allanamientos en los que se le secuestraron decenas de bienes.
Según publica el diario El País de Uruguay, el pedido fue realizado por la fiscal especializada María Camiño, quien le solicitó ayer a la jueza Adriana de los Santos que trabe embargo al campo, para avanzar sobre las ramificaciones de la trama de lavado en ese país.
Según declaró a la Justicia el arrepentido Leonardo Fariña, el campo "El Entrevero", un campo de 150 hectáreas ubicadas en el kilómetro 171 de la ruta 10, cerca de José Ignacio y con salida al mar, fue comprado el 1 de agosto de 2011 por u$s 16,5 millones. Operadores judiciales estiman que no vale más de u$s 4 millones.
Del testimonio de Fariña se desprende que el campo fue adquirido a través de la sociedad Traline S.A. Luego este fue transferido a una sociedad llamada Jumey, cuyo presidente es el contador de Báez, Daniel Pérez Gadín. Ambos se encuentran detenidos.
El medio uruguayo detalla que "la jueza De los Santos y el entonces fiscal Juan Gómez indagaron al escribano y al operador inmobiliario que actuaron en la transacción y pidieron información a Argentina sobre los titulares del campo. La respuesta de Argentina nunca llegó y la causa quedó estancada hasta el procesamiento de Lázaro Báez".
"A la causa penal uruguaya se sumó el año pasado la investigación de una transferencia de fondos por u$s16,5 millones hacia Helvetic Services Group, la firma controlante de SGI, la financiera que maneja el contador de Báez. Esas transferencias se realizaron desde Uruguay al principado de Liechtenstein para adquirir dos terrenos en la parada 8 de la Brava pero tampoco fueron respondidos los exhortos que Uruguay envió a Argentina", recuerda.
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