Tensión: analiza Kirchner destituir a ex generales

En una reunión entre Néstor Kirchner, el jefe del Ejército, Roberto Bendini, y el jefe de la Armada, Jorge Godoy (José Pampuro faltó porque viajó a Córdoba y a San Luis), se comenzaron a analizar las posibles sanciones que les aplicarían a los ex generales Reynaldo Bignone, Ramón Díaz Bessone, Alcides López Aufranc y Albano Harguindeguy.

No hubo una definición, que quedará en manos del Presidente, pero hubo coincidencia en que debía aplicarse una medida fuerte: es decir, la baja o destitución para los cuatro militares. Aunque algunas versiones señalaban que sólo Bessone, Aufranc y Bignone recibirían este castigo, y Harguindeguy, arresto.

Los tres generales formularon declaraciones en un documental de la televisión francesa en las que hablaron sobre el entrenamiento recibidos por militares argentinos de parte de efectivos franceses para aplicarlos a militantes opositores. De esta forma, intentaron justificar la tortura y la desaparición de personas durante el último Proceso.

Ayer Bendini le entregó al secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, un informe sobre la actuación de la Justicia militar con relación a las declaraciones de los generales y en el que propone varios posibles castigos: el arresto, la baja o destitución, o la degradación del grado militar.

• Explicaciones

El abogado Florencio Varela, defensor del ex general Díaz Bessone, sostuvo que lo que hicieron los militares «fue explicar, «conforme a sus propios estilos, cuáles fueron las razones que indicaba la doctrina militar que los llevaron a actuar como lo hicieron para combatir al terrorismo».

Al respecto, Varela afirmó que, después de lo probado por la Cámara Federal en el juicio en el cual se condenó a los comandantes militares, «no han dicho nada que no fuera conocido por la opinión pública desde entonces».

Por el contrario, entendió que es una «importante novedad» que altos jefes militares por primera vez públicamente « reconozcan la verdad coincidiendo con lo afirmado por ese tribunal».

El abogado detalló que en el juicio a las juntas militares la Cámara Federal afirmó y establecióen forma definitiva que, si bien los comandantes militares decidieron para combatir al terrorismo mantener el marco normativo en vigor con las jurisdicciones y competencias territoriales que éste acordaba a cada fuerza, «dio por probado que los subordinados a los comandantes detuvieron a muchas de personas, las alojó clandestinamente en unidades militares o en lugares bajo dependencia de las Fuerzas Armadas, las interrogó con torturas, las mantuvo en cautiverio, les hizo sufrir condiciones inhumanas de vida y alojamiento y, finalmente, o se las legalizó poniéndolas a disposición de la Justicia o del Poder Ejecutivo Nacional, se las puso en libertad, o bien se las eliminó físicamente».

Según reseñó Varela, los ejes expuestos por su defendido ante la televisión francesa hace dos meses fueron en sintonía con lo que, en su momento, dijo la Cámara Federal, es decir:

• Que el proceder respondió a planes aprobados y ordenados a sus respectivas fuerzas por los comandantes militares agregando que los comandantes establecieron secretamente un modo criminal de lucha contra el terrorismo.

• Los propios comandantes alegaron haber tenido el control efectivo de sus fuerzas y negaron la existencia de grupos militares que actuaran con independencia de la voluntad del comando, situación que no fue desvirtuada en la causa.

• La totalidad de los jefes y oficiales que declararon en la audiencia o en actuaciones agregadas afirmó que la lucha antisubversiva se ajustó estrictamente a las órdenes de sus comandantes superiores.

• Que cuando se intentó explicar la forma en que se obtuvo la victoria, los ex comandantes debieron recurrir al equívoco concepto de guerra sucia o atípica y, para caracterizarla, aludieron, paradójicamente, a una circunstancia del sistema realmente implantado, consistente en la extrema discrecionalidad que tuvieron en la lucha las fuerzas subordinadas, tal como manifestaron los procesados en sus indagatorias.

• De no haber existido las órdenes ilegales, no resulta explicable el llamado «Documento final...», en el que se trata de dar una explicación acerca de la suerte de los desaparecidos y, a través de un lenguaje, ambiguo se admite que fue necesario utilizar «procedimientos inéditos» e imponer el más estricto secreto sobre la información.

«Los militares, con sus declaraciones, han dado una explicación postergada durante muchos años, la cual, de haber ocurrido en el tiempo debido, nos hubiese permitido soluciones que todavía estamos buscando para la tragedia de los setenta que nos envolvió a todos. Es una paradoja que, ahora que se animaron a decirlo, se los pretenda castigar», concluyó Varela.