¿Terciará la Corte Suprema? Un juez anunció que confiscar más de 33% es inconstitucional

La Corte Suprema podría generar un descalabro político en el kirchnerismo si prospera la demanda presentada por la provincia de San Luis contra las retenciones móviles. Por ahora, el máximo tribunal aceptó su competencia originaria en el diferendo, pero ayer la jueza Carmen Argibay recordó que, de acuerdo con la doctrina de la Corte, todo impuesto superior a 33% tiene carácter confiscatorio. Todavía falta que los jueces supremos determinen la naturaleza de las retenciones: es decir, si se trata efectivamente de un impuesto -como alegan los gobernadores Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Eduardo Brizuela del Moral (Catamarca)- o un derecho de exportación sin carácter impositivo, como sostienen los kirchneristasdesde la Casa Rosada. El fallo de la Corte demorará al menos un año en ser emitido, pero podría obligar al gobierno a retrotraer las retenciones a un nivel inferior a 33 por ciento. Quedaría obligado así el oficialismo a recurrir a la vía institucional, a través del Congreso, para defender su política redistributiva.

Alberto Rodríguez Saá

El gobierno nacional y el campo deberán esperar al menos un año a que la Corte Suprema resuelva el planteo de la provincia de San Luis sobre la inconstitucionalidad de las retenciones móviles y el reclamo por los fondos coparticipables. Hasta ayer, ni el procurador general del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, ni el funcionario de Economía habían sido notificado de la demanda promovida por el gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá; sin embargo, desde el kirchnerismo aseguraron que el tema no era una prioridad para la Casa Rosada.

Pese a la indiferencia oficial, el gobernador de Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral también planteará ante la Corte la inconstitucionalidad de las retenciones móviles (ver aparte). La jueza de la Corte Suprema, Carmen Argibay, admitió ayer en declaraciones radiales que de acuerdo con la doctrina del máximo tribunal, un impuesto que supere 33% es considerado confiscatorio. Sin embargo, no se refirió a la naturaleza de las retenciones móviles y explicó que la Corte aceptó la demanda puntana por tratarse de un conflicto entre la Nación y una provincia, diferendos en los que tienen competencia originaria.

Desde el gobierno informaron a este diario que la demanda promovida por San Luis a través del abogado Rodolfo Barra, ex juez supremo, no es un asunto prioritario, ya que cuentan con 60 días para contestar la presentación y todavía ni siquiera la leyeron. «Sólo tenemos un informe preliminar de que está iniciada la demanda», explicaron desde la Procuración General del Tesoro. De todos modos, adelantaron parte de la estrategia judicial que el kirchnerismo desplegará ente la Corte para defender las retenciones no como un impuesto, sino como un instrumento de política económica:

Las retenciones son un método de regulación económica que puede llevar al Poder Ejecutivo a prohibir directamente la exportación de un producto para que no haya desabastecimiento.

Un impuesto, para los abogados del gobierno, es una afectación parcial del derecho de propiedad. «Lo único inevitable son los impuestos y la muerte», se mofaban ayer en el kirchnerismo.

Las retenciones son evitables y dependen del dueño de la cosa. Y se acrecientan o disminuyen de acuerdo con la voluntad de dueño del negocio que exporta. Eso lo diferencia de un impuesto.   

«Quien puede lo más puede lo menos»: el Estado también puede fijar retención cero a un producto para promover su desarrollo económico, pero también está en condiciones de prohibir su exportación.

Pero la demanda de la provincia de San Luis sostiene exactamente lo contrario. Ayer, Barra explicó el núcleo duro de la presentación ante la Corte Suprema y recordó que en el fallo «Arenero Libertador c/Estado Nacional», el máximo tribunal abordó el concepto de tributo de manera genérica. «Todas las contribuciones que fija la Constitución nacional son impuestos. Ahora, el gobierno debe demostrarque, a pesar de quedarsecon casi la mitad de la ganancia que genera el producto, las retenciones son una tasa o un derecho de exportación distinto de un impuesto», graficó el ex ministro supremo.

Fundamento

En su demanda, Rodríguez Saá invoca el artículo 75 inciso 1 y el 17 de la Constitución nacional para afirmar que todas las contribuciones al Tesoro nacional deben ser autorizadas por el Congreso.

Ayer, en declaraciones radiales,Argibay explicó que, en caso de fallar en contra de la Resolución 125 del Ministerio de Economía que estableció las retenciones móviles, la medida quedaría sin efecto y el gobierno sólo podría restablecerlas a través del Congreso.

¿Otro conflicto de poderes en puerta? Meses atrás, la Corte avaló el ingreso de Luis Abelardo Patti a la Cámara de Diputados pese a la impugnación parlamentaria de su diploma de legislador electo y desató la furia de la Casa Rosada y el Congreso contra el máximo tribunal.

Pero ayer Argibay estimó que recién «dentro de un año» podría haber un fallo del máximo tribunal de Justicia sobre las retenciones, «si hay suerte y viento a favor». Otra magistrada del alto tribunal, Elena Highton de Nolasco, confirmó el diagnóstico supremo: «Este tipo de juicios son largos, así que no es nada que se pueda resolver inmediatamente. Esto es un juicio ordinario, que es largo. Hay 60 días para contestar la demanda, después vienen todos los trámites de reconocimiento, así que esto va a tardar mucho».