Tregua en guerra de Macri contra carteles

Los avisadores y el Gobierno porteño pactaron una tregua, ayer, tras la clausura de cientos de carteles en la vía pública que llevó adelante Mauricio Macri en el centro de la Ciudad.

Esa actividad, que se realizó durante dos fines de semana seguidos, cuenta, además, con un proyecto para restringir severamente la cartelería en las calles y una veda, en vigencia, para la solicitud de nuevos permisos.

Con todas esas armas, la administración macrista resistió la contraofensiva de las cámaras de publicidad en la vía pública, que desplegaron sus propios carteles aventurando la pérdida de puestos de trabajo que generaría un código como el que pide Macri; enviaron cartas a los legisladores de las comisiones que tratan el proyecto, los llamaron por teléfono y coronaron, el viernes pasado, con una manifestación de oposición a las medidas contra los carteles.

La guerra habrá sido pareja porque ayer se llegó a un acuerdo temporario que difundió la Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior (APE), con satisfacción.

Expresaron su bienestar «en el marco del conflicto acerca del nuevo código de publicidad que el Ejecutivo porteño intenta aprobar en la Legislatura». De acuerdo con ese borrador, sólo quedaría la posibilidad de mostrar avisos en las carteleras que serán concedidas con la licitación del mobiliario urbano y en algunos sectores especiales, pero se arrasaría con todo tipo de marquesinas y salientes, y tampoco se podrían alquilar las terrazas de los edificios para colocar carteles. Casi 80% de lo que está a la vista actualmente desaparecería, en una movida en la que el macrismo emula a la intendencia brasileña de San Pablo.

Pero por ahora todo quedará en suspenso. La APE explicó que «el entendimiento consiste en que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público derogará la Resolución 1.065, que suspendía la entrega de permisos de publicidad, a cambio de que las empresas se comprometan a realizar un plan de ordenamiento del sector en un plazo de 90 días». Ese plan consistirá en eliminar carteles que no estén autorizados y a la vez, ya se venía planteando reducir la oferta, pero no al punto que quiere llegar el ministerio de Juan Pablo Piccardo.

Despacho

«Dentro de 60 días estará terminado el primer despacho del proyecto de ley que se viene discutiendo hace meses con la participación de las cámaras,las entidades y el sindicato de la publicidad», admitió la asociación, en referencia a un acuerdo con los legisladores para modificar el proyecto del oficialismo porteño.

«Entendemos que el diálogo es el mejor camino para llevar adelante la relación entre empresas y Estado, tendientes a hacer de Buenos Aires una ciudad mejor, con mejores servicios, más armónica y donde se proteja y aliente la producción, el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de servicios, la preservación de puestos de trabajo y el ordenamiento del espacio público», consignó finalmente la APE en un comunicado que lleva la firma de su titular, Gustavo Brizuela, quien había presentado quejas por la clausura de un cartel de su propiedad que aseguró estaba en regla, pero le colocaron la faja de «publicidad ilegal».

El propio Macri participó hace dos semanas en un operativo en pleno centro porteño, donde en torno al Obelisco se desplazaron grúas a propósito del fin de semana menos transitado, para colocar las bandas aludiendo a la ilegalidad de los carteles sobre los avisos.