Zaffaroni: Derecho de la UBA ni quiso darle apoyo para la Corte

Política

Entre las últimas presentaciones que alcanzaron a ingresar antes de que venciera el plazo de impugnaciones y adhesiones a la postulación de Eugenio Zaffaroni a la Corte figuran la de la Facultad de Derecho de la UBA, donde el jurista no obtuvo respaldo.

Cerca de las 21 de anoche, el gobierno dio por cerrado el tiempo para presentar objeciones a la candidatura de Zaffaroni. Si bien no habían cifras oficiales sobre el número de presentaciones realizados se estimó que el Ministerio de Justicia habría recepcionado unos 400, y que un centenar de ellos apuntarían a impugnar al jurista como reemplazante de Julio Nazareno en el Tribunal. De todas formas, más allá de la cantidad lo significativo resultará el contenido de esas censuras.

Pero de todas los cuestionamientos que se presentaron contra el ex juez y ex camarista resultó significativa la de la Facultad de Derecho, donde Zaffaroni -precisamente- es profesor y titular de cátedra. Porque allí, el ex juez recibió severos cuestionamientos. Tanto es así, que el Consejo Directivo de esa facultad sólo decidió comunicar al Ministerio de Justicia simplemente que certificaba los antecedentes académicos y docentes de Zaffaroni. Esta declaración sólo puede interpretarse como demostrativa de la frialdad con que fue recibida la propuesta del Poder Ejecutivo, en la casa de estudios donde el jurista dicta sus clases.

En ese sentido, los Consejeros Directivos por el Claustro Graduados,
Héctor Huici y Enrique Rodríguez Chiantore, cuestionaron severamente la postulación del ex juez y ex presidente del Bloque de legisladores del Frepaso en la Legislatura capitalina a ocupar un lugar en el máximo Tribunal. Entre los argumentos por los que se cuestionó la postulación del penalista se sostiene que:

«propició interpretaciones jurídicas que se han apartado del sentido común mereciendo, en muchos casos, la clara desautorización de los Tribunales superiores». Por caso, se menciona los fallos en el «caso Jardón» (arrebato no es violencia); «Cuña Madeira» ( donde negó que un cuchillo fuera un arma) «contrarían y casi ofenden la razón de una ciudadanía que reclama soluciones al flagelo de la inseguridad».

• Se sostiene que
Zaffaroni «no es un jurista independiente» sino que por el contrario «es un destacado dirigente del Frepaso, que forma parte de la coalición que llevó al gobierno al presidente Kirchner. Fue presidente del bloque de legisladores de dicho partido en la Ciudad de Buenos Aires, convencional constituyente en 1994 y convencional estatuyen-te en 1996. Compartió listas con Chacho Alvarez, Graciela Fernández Meijide y Aníbal Ibarr a.

• El Decreto 222/03 menciona el compromiso democrático, como un requisito que, necesariamente, debe acreditar el candidato a cubrir la vacante en la Corte. Al respecto sostienen los graduados que a modo de evaluación de las convicciones de- mocráticas de Zaffaroni «no puede olvidarse su desempeño como juez en dos gobiernos de facto». Así, se menciona su designación como camarista en la provincia de San Luis en 1969, años de la dictadura denominada Revolución Argentina, y varios años más tarde como juez en lo Criminal y Correccional durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional «juró por el estatuto del Proceso que derogó la vigencia de la Constitución», afirmaron los graduados.

«Pero más grave, es la actuación que, como juez del denominado proceso de reorganización nacional le cupo en el trá-mite de algunos «habeas corpus»
presentados por los familiares de detenidos desaparecidos. Se refieren especialmente al caso de Jorge Quinterno e Inés Ollero. Específicamente, en este último caso, «la escasa investigación desarrollada por Zaffaroni, para dar con el paradero de la víctima le valió la seria advertencia de la Corte Suprema de entonces».

Objeciones como la descripta, el Ministerio de Justicia encontrará ahora muchas y, a partir de hoy, tendrán que confeccionar un informe sobre el contenido de esas presentaciones que será elevado en los próximos días al presidente
Néstor Kirchner. El jefe de Estado dispondrá entonces de un plazo de dos semanas (15 días) para decidir si envía al Senado el pliego de designación de Zaffaroni o lo desestima.

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