Una comisión de Naciones Unidas visitó once prisiones en distintas provincias del país. Tras evaluar su estado, concluyó que los presos sufren crueles condiciones y que la violación del derecho de la defensa de los detenidos supera aquí inclusive la de países que no tienen democracia, como, por ejemplo, Irán. La ONU advirtió que el sistema "colapsó" con la crisis económica.
Una comisión de la ONU que visitó 11 prisiones de la Argentina denunció ayer las «condiciones de gravedad, crueldad e inhumanidad» de los detenidos y afirmó que «la violación del derecho a la defensa supera incluso a países que no tienen democracia, como Irán».
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Los expertos acusaron en un documento al gobierno de «criminalizar la pobreza» y alertaron de «las malas condiciones de los presos -algunos procesados sin condena-en cuanto al hacinamiento y la falta de servicios sanitarios», y hasta el arresto de niños de menos de 10 años.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas llegó al país el 22 de setiembre invitado por el gobierno, y un día antes de concluir su visita hizo pública una evaluación previa del informe final que presentarán en Ginebra (Suiza) a comienzos de 2004.
El grupo, encabezado por Tamas Ban (Hungría), visitó cárceles, comisarías e institutos de menores en la Capital y varias provincias, en las que entrevistó «en privado y sin testigos» a más de 200 detenidos.
Ban afirmó que «como ocurre en todo el mundo, aunque con distinta intensidad, hay detenciones arbitrarias en la Argentina» y explicó que se considera que un arresto es arbitrario cuando no tiene sustento legal o cuando ocurre en el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, manifestación o sindicalización. También se considera arbitraria la detención de personas cuyo proceso judicial ha sufrido violaciones al derecho al debido proceso.
Agregó que «sin soluciones alternativas, no sólo no se combate la delincuencia, sino que se genera una reacción en cadena en la cual las autoridades no están preparadas para el alto número de población arrestada, tanto en cárceles como en comisarías, dando lugar a una triste experiencia, que las autoridades tanto federales como provinciales admiten y que es el colapso del sistema». Soledad Villagra, vicepresidente de la misión de la ONU, afirmó que visitaron prisiones en las que «los presos deben hacer turno para recostarse a dormir porque el lugar es demasiado pequeño o que duermen sobre excrementos».
Villagra sostuvo que «ésta no es una situación aislada», al tiempo que destacó que «tanto las autoridades provinciales como federales admiten que el sistema colapsó», y reseñó que si bien la ley establece un plazo máximo de 24 horas para que los detenidos sean puestos a disposición de un juez, «hay presos que hace meses no ven el sol, ni han hablado con un abogado o un magistrado». «Este problema alcanza a los presos sin condena», agregó la diplomática paraguaya, y sostuvo que «parece increíble que en un país con tantas instituciones y con una sociedad civil tan movilizada y consciente de los derechos humanos, las condiciones (de detención) sigan siendo tan dramáticas». «Si bien es habitual que en las prisiones de América latina haya cárceles con más de 60% de presos sin condena, no esperábamos esta situación aquí, teniendo en cuenta la gran actividad de la comunidad», añadió.
Esta comisión recorrió lugares de detención en las provincias de Buenos Aires, Salta y Mendoza, entrevistando autoridades gubernamentales e institucionales, representantes de ONG y a detenidos.
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