El juez de Nueva York que participa en todas las causas judiciales iniciadas contra el país por el default bajo la deuda pública ha condenado nuevamente al país ante otros reclamos de los acreedores. Esta condena es la más significativa de todas las que han sido dictadas: u$s 700 millones de dólares en virtud de los bonos 10% New AR$ Global Bond. En su sentencia el juez dijo que la obligación de pagar los bonos emitidos por la Argentina «es incondicional, está en default, no hay inmunidad soberana que proteja al país y, por lo tanto, les debe pagar a los demandantes el capital y los intereses devengados». Esto mismo había resuelto el juez en abril de este año cuando condenó a la Argentina en el marco de las causas Old Castle, Lighwater y Macrotechnic.
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El juez también rechazó el pedido de los abogados argentinos de disponer una prórroga para el dictado de la sentencia, pero a fin de darle cierto aire al proceso de reestructuración, resolvió otorgar una prórroga de sólo 45 días para la ejecución de la sentencia, es decir, llevar adelante el cobro compulsivo de las sumas adeudadas vía embargos, remates y otras medidas cautelares contra la propia reestructuración. Con lo cual, a la presión de los propios inversores (incluyendo los 500.000 ahorristas argentinos y los 9.000.000 de futuros jubilados con bonos en default), se suma la presión judicial, un poco más difícil de eludir. Este plazo de 45 días también se dispuso en las causas Old Castle, Lighwater y Macrotechnic. El juez se mostró muy duro con la Argentina por la dilación en el proceso de renegociación y anticipó que luego del plazo adicional habrá ejecución si el país no muestra avances concretos y una clara visión que quiere resolver el default.
• Condenas
Ahora bien, este tratamiento judicial se aplica, en forma plena, a las acciones judiciales iniciadas ante los tribunales de Nueva York por parte de más 100 inversores argentinos tenedores de bonos Global que, ante la tradicional falta de seguridad jurídica argentina, han preferido invertir en títulos internacionales, conservarlos durante todos los desbarajustes de los gobiernos relativos al manejo de la deuda y demandar en tribunales extranjeros.
Como hemos escrito varias veces en Ambito Financiero (incluso mucho antes del default argentino de fines de diciembre de 2001), existen innumerables sentencias condenatorias de países que incurrieron en default. Han habido condenas contra Costa Rica, Jamaica, Congo, Ecuador, Panamá, Brasil, Perú, Paraguay, etc... Como también lo hemos dicho, la más reciente era una del año 2000 contra Perú era una del año 2000 contra Perú a favor del fondo buitre Elliot que vía los embargos de los pagos que se estaban destinando a pagar los bonos Brady de Perú logró cobrar el total de su reclamo por una deuda pre-Brady respecto de la cual se había negado a participar del canje de reestructuración. Incluso la Argentina también fue condenada en Estados Unidos en el año 1992 por el default bajo los BONOD ocurrido en 1986. Pero a diferencia de todos aquellos reclamos judiciales, el caso de la Argentina es único: buena parte de los demandantes no son fondos buitres (lógicamente que varios de ellos están operando), sino inversores minoristas. Incluso, ahorristas argentinos, desconfiados de los tribunales locales.
Sin duda que esta sentencia complica la reestructuración ya que otros acreedores optarán por la vía judicial en lugar de acompañar el proceso. Más aún con las anunciadas quitas de 70%-80% (en el monto nominal o en el valor presente como consecuencia de la extensión de los plazos y/o reducción de los intereses), el paso lento del gobierno en esta materia, y el hecho de que todo el superávit fiscal comprometido con el FMI se destinará exclusivamente a pagar la deuda senior (BODEN, préstamos garantizados pesificados, bono provincial e intereses con FMI, Banco Mundial, BID) ya que no hay espacio para nada más conforme la estructura senior-junior que el gobierno le dio al endeudamiento poniendo en la categoría más baja (junior) a los inversores y jubilados argentinos con bonos defaulteados.
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