Ex cárcel de Caseros sería el nuevo Warnes

Hace dos se anunció la desaparición de las torres, pero todavía se están haciendo los estudios técnicos.

El viejo edificio de la cárcel de Caseros, en la Ciudad de Buenos Aires, cayó en la mira de quienes ocupan inmuebles desocupados, y así, el lugar amenaza con convertirse en otro Albergue Warnes. Ya hay denuncias de vecinos del barrio de Parque Patricios, que se suman a otras, sobre la ocupación de propiedades de la Ciudad de Buenos Aires, aunque, en el caso de la cárcel, la propietaria es Nación.

La posibilidad de que Caseros se transforme en un asentamiento para el Gobierno porteño no existe, por la custodia del lugar, pero tampoco existe fecha inmediata para que sea demolida, tal como se planificó. Hace un año, el Gobierno de la Ciudad estimó que en cuatro meses se invitaría a presenciar la implosión, atracción de cineastas y curiosos.

Hoy, los funcionarios piensan distinto. «Dejando de lado el tema presupuestario, los estudios estarían listos para dentro de 6 u 8 meses», estimó Fernando Fornes, director general de Obras Públicas del Gobierno porteño, quien aseguró que la demolición costaría $ 1.500.000.

Las dos torres, de 25 pisos, se levantan en un lote de dos hectáreas en Parque Patricios, con una construcción vieja, mampostería de hormigón y encierra un elemento peligroso al momento de su destrucción, como es el asbesto en cañerías y calderas del subsuelo del edificio. La manera de evitar que ese material, prohibido ahora por cancerígeno entre otros perjuicios que provoca, se disperse causando daños es lo que demora a los funcionarios de Aníbal Ibarra, quien hace más de un año recorrió el lugar para anunciar la implosión de las torres. Habrá recordado, sin dudas, a Carlos Grosso, quien en 1991 condujo ese espectáculo en otro barrio, La Paternal, muy cerca del domicilio particular del actual jefe porteño. Fue cuando el ex intendente terminó con el Albergue Warnes -actualmente funciona un hipermercado-, previo desalojo y regalo de viviendas a sus intrusos. Ese edificio, que no llegó a tener puertas ni ventanas en su origen, se había construido por decisión de Eva Duarte de Perón para instalar un hospital que nunca fue, y el abandono permitió su ocupación durante décadas.

• Custodia

En Caseros, en cambio, sigue la custodia del Servicio Penitenciario, que según los funcionarios porteños continúa exigiendo, para ingresar, tantos requisitos como cuando se pedía visitar a los presos. Esas son algunas de las dificultades de los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires que intentan, por ejemplo, facilitar el trámite de un permiso para que la empresa Ideas del Sur, de Marcelo Tinelli, haga una producción con el escenario de las celdas vacías. Otro de los estudios es que la implosión no afecte los aparatos ni el servicio de unos ocho hospitales cercanos al predio, como el nacional de pediatría Garrahan; por eso, se instalarán cañerías para que en el momento de las detonaciones haya un ambiente húmedo que será rodeado de mamparas de material plástico para concentrar el polvo que se produce.

En 2000, Patricia Bullrich, a cargo de Asuntos Penitenciarios del gobierno de Fernando de la Rúa, anunció también la demolición de la cárcel, cuando se trasladaron los últimos presos allí alojados con rumbo a Ezeiza, durante la gestión de Andrés Manutian.

• Urbanización

Ahora, el legislador Jorge Giorno denuncia que la cárcel deshabitada, que inauguró Jorge Rafael Videla en 1979 tras 26 años de construcción, estaría al borde de ser poblada por indigentes, haciéndose eco de la queja de los vecinos de la zona. El mismo diputado presentó, y fue aprobado en la Legislatura, el proyecto de urbanización del predio en el cual no podrán instalarse hipermercados, sólo un centro comercial y dos torres con destino a viviendas. Se preservaría, en cambio, parte del viejo edificio como histórico.

Ibarra tenía prevista la firma de un convenio, cuando De la Rúa era presidente de la Nación, para que el gobierno le cediera las dos manzanas del lugar, pero entonces la condición fue permitir que el Servicio Penitenciario construyera ocho pisos para que funcionara su sede central. La Nación se quedaría, en ese proyecto, con el dinero de la venta de los terrenos.

Al Gobierno porteño le corresponde otorgar el permiso para la demolición y realizar los estudios ambientales necesarios para llevarla a cabo. Hasta ahora, la investigación del proyecto está en la primera etapa para tratar de cuantificar y luego extraer el asbesto antes de proceder al derrumbe, que estará a cargo del Ejército.