Un gobierno en contra del pueblo

La Constitución establece claramente la protección de la propiedad y la necesidad de previa indemnización a cualquier expropiación (Art. 17). Ahora, las autoridades, economistas y muchos comentaristas parecen haber encontrado la solución en la eutanasia del depositante y del acreedor. Determinan que el control monetario se lograría burlando a los depositantes y se oponen a que la Justicia haga valer los derechos individuales. Quieren que los jueces acepten que el Estado puede expropiar sin compensar y violen la Constitución. Que un Estado, cuyos dirigentes festejan abjurar sus obligaciones, entregue bonos sin valor a quienes depositaron dólares o pesos. Delincuentes son los que no cumplen la ley. Nuestra Constitución es la norma suprema, y nuestros políticos no la cumplen e intentan que los jueces se aparten de ella. Curiosamente, un Congreso, que desconoce la Constitución, intenta enjuiciar a la Corte Suprema por respetarla. Un Poder Ejecutivo, alzado contra la ley suprema, procura decretar el desapoderamiento de los jueces que defienden los derechos individuales.