La reunión entre referentes del sector y Federico Sturzenegger expuso fuertes diferencias sobre el futuro del corretaje inmobiliario. Desde COFECI y FIRA defendieron la colegiación, la capacitación profesional y la seguridad jurídica.
De izquierda a derecha: Fernando Guzmán, Jorge Pighin, Federico Sturzenegger, Marta Liotto y Román Paikin.
La posible desregulación del mercado inmobiliario abrió una nueva discusión entre el Gobierno nacional y las entidades que representan a los corredores matriculados. Luego de las declaraciones públicas de Federico Sturzenegger en un evento organizado por Reporte Inmobiliario, donde le adelantó a Ámbito que en junio podría ingresar al Congreso un proyecto vinculado al sector, referentes inmobiliarios fueron recibidos para expresar su posición frente a la iniciativa oficial.
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Por parte del sector participaron Marta Liotto, presidenta del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina (COFECI) y del Colegio Inmobiliario porteño; Román Paikin, vicepresidente del Colegio Inmobiliario porteño; Jorge Alberto Pighin, vicepresidente primero de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA); y Fernando Guzmán, secretario general de la FIRA.
Además, también estuvieron presentes funcionarios e integrantes del equipo técnico del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Durante el encuentro, las entidades acercaron documentación institucional y defendieron el rol de los colegios profesionales dentro del mercado inmobiliario. Los representantes remarcaron especialmente la importancia de la capacitación permanente, la ética profesional y los controles vinculados a la seguridad jurídica de las operaciones.
Marta Liotto explicó que la reunión dejó en evidencia diferencias profundas entre la visión oficial y la postura del sector. “No fue una reunión sencilla porque estamos parados en posiciones distintas desde lo ideológico”, sostuvo.
La titular de COFECI señaló que uno de los principales argumentos planteados por las entidades estuvo vinculado a la necesidad de proteger a quienes realizan operaciones de compraventa o alquiler.
“Los corredores inmobiliarios son profesionales que se capacitan permanentemente para administrar e intermediar sobre el patrimonio de las personas. Los colegios cumplen una función de ordenamiento y supervisión”, afirmó Liotto.
Desde FIRA también manifestaron preocupación por el alcance de la reforma que analiza el Gobierno. Jorge Alberto Pighin explicó que la postura oficial apunta a ampliar la libertad para ejercer actividades económicas, incluso dentro del corretaje inmobiliario.
Según detalló el dirigente, desde el Ministerio sostuvieron que “el Estado no debería impedirle trabajar a nadie”, lo que habilitaría la posibilidad de operar sin matrícula profesional.
Pighin destacó igualmente que el sector valoró la instancia de diálogo con el Gobierno nacional. “Como primera medida agradecemos que nos hayan recibido. Las partes se escucharon respetuosamente y cada uno expuso su punto de vista”, señaló.
No obstante, aclaró que la federación mantendrá una posición crítica frente a cualquier avance sobre la eliminación de controles profesionales. “La postura de la federación va a ser una oposición a este proyecto porque creemos que la seguridad jurídica está muy en riesgo con estas medidas de desregular el mercado”, afirmó.
Aun así, el dirigente sostuvo que las entidades buscarán sostener canales de negociación abiertos. “Vamos a ser una oposición constructiva para encontrar puntos equidistantes y ver hasta dónde podemos encontrarnos para sacar una ley que favorezca a todos”, agregó.
Otro de los planteos realizados durante la reunión estuvo relacionado con las estafas inmobiliarias. Desde las entidades aseguraron que gran parte de las maniobras fraudulentas involucran a personas no matriculadas.
“El 95% de las estafas proviene de personas que no tienen matrícula”, aseguró Pighin. Además, explicó que los colegios cuentan con tribunales de disciplina que permiten actuar rápidamente frente a irregularidades cometidas por profesionales habilitados.
En la conversación también surgieron comparaciones con modelos internacionales. Los dirigentes mencionaron experiencias de Estados Unidos, donde existen sistemas más flexibles pero igualmente regulados bajo supervisión profesional.
Liotto indicó que otro de los desacuerdos apareció alrededor de la capacitación obligatoria y la colegiación. “Ellos consideran que esos mecanismos no son tan necesarios como nosotros entendemos”, comentó.
Más allá de las diferencias, desde COFECI valoraron la posibilidad de exponer la mirada federal de los colegios inmobiliarios frente a funcionarios nacionales. “Pudimos expresar nuestra visión y explicar por qué creemos importante que exista un colegio que supervise la actividad”, sostuvo la dirigente.
Mientras tanto, las entidades inmobiliarias comenzaron a trabajar políticamente ante un eventual tratamiento legislativo del proyecto. Según explicaron los dirigentes presentes, la discusión podría avanzar en el Congreso durante los próximos meses.
Frente a ese escenario, colegios y cámaras de distintas provincias ya iniciaron conversaciones con diputados nacionales y legisladores locales para intentar frenar cualquier modificación que elimine la matrícula obligatoria.
Liotto aclaró además que el sector no cuestiona las operaciones entre particulares y recordó que actualmente existe la posibilidad del “dueño vende”.
“El propietario puede vender o alquilar por su cuenta y eso siempre existió. Nosotros no pretendemos impedirlo”, explicó.
De todos modos, insistió en que las operaciones inmobiliarias requieren controles profesionales por el volumen económico involucrado y por el riesgo de maniobras fraudulentas. Liotto concluyó: “La prioridad es preservar transparencia, previsibilidad y seguridad jurídica para las familias.