El financiamiento bancario sostenible cayó un 17% real entre 2023 y 2025 y perdió terreno la emisión de bonos verdes. Un relevamiento advierte sobre las dificultades para conectar a inversores con proyectos de impacto social y ambiental.
El financiamiento sostenible perdió dinamismo en la Argentina, mientras persisten las dificultades para canalizar recursos hacia proyectos con objetivos sociales y ambientales.
El crédito sostenible cayó un 17% en términos reales entre 2023 y 2025, mientras que las emisiones de bonos sociales, verdes y sustentables retrocedieron 48% frente a 2023. Un informe advierte que, además de la pérdida de dinamismo, existen dificultades para canalizar recursos hacia iniciativas con impacto social y ambiental.
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Durante 2025, el financiamiento sostenible y la inversión de impacto movilizaron u$s2.171 millones en la Argentina, distribuidos en 543.735 operaciones. Sin embargo, el volumen de recursos no se traduce necesariamente en un mayor acceso al financiamiento para las organizaciones que buscan desarrollar proyectos con resultados sociales y ambientales medibles.
Los datos surgen del Mapeo de inversión de impacto en Argentina 2025, elaborado por el Centro de Estudios en Sustentabilidad e Innovación Social (CESIS) de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral junto con Fundación Alimentaris. Según el relevamiento, el 92% del capital movilizado correspondió a instrumentos de financiamiento sostenible y el 8% a inversiones de impacto, dos modalidades relacionadas, pero con características y criterios de clasificación diferentes.
“En América Latina, la información sobre inversión de impacto está fragmentada debido a que no hay metodologías de medición consensuadas y buena parte de los datos no es pública”, advierte Fernanda Figueroa, directora del mapeo e investigadora asociada del CESIS.
Para Eugenia Concina Haín, directora de Programas de Prosperidad de Fundación Alimentaris, contar con información comparable resulta fundamental para comprender la evolución del sector. “Construir evidencia rigurosa y comparable en el tiempo es clave para entender un mercado que todavía está en formación. Los datos muestran que el desafío no es solo movilizar más capital, sino generar las condiciones para que llegue a proyectos con impacto medible y retornos sostenibles”, señala.
Uno de los principales hallazgos del informe es la caída del financiamiento sostenible canalizado a través del sistema bancario. Sobre la base de una muestra constante de seis entidades, el volumen de créditos sostenibles registró una disminución acumulada del 17% en términos reales entre 2023 y 2025. En dólares corrientes, la reducción fue del 12%.
Los montos pasaron de u$s1.287 millones en 2023 a u$s1.223 millones en 2024 y u$s1.136 millones en 2025. La pérdida de dinamismo también se reflejó en el mercado de capitales: la participación de los bonos verdes en el total de obligaciones negociables colocadas en el mercado local pasó del 12% en 2023 a menos del 3% en 2025.
El contexto macroeconómico y la incertidumbre aparecen entre los factores que condicionan el desarrollo de estas alternativas de financiamiento. Julián D’Angelo, director del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresaria y Capital Social (FCE-UBA), sostiene que “las dificultades para construir horizontes de inversión de largo plazo limitan el crecimiento de un mercado que todavía tiene una presencia reducida en la Argentina”.
El especialista advierte, además, que la desaceleración del financiamiento no implica necesariamente una pérdida de relevancia de la sostenibilidad en las decisiones económicas. En ese sentido, menciona el fenómeno conocido como greenhushing o “silencio verde”: empresas que mantienen sus iniciativas y compromisos ambientales, pero optan por comunicarlos menos o con mayor cautela ante la polarización política, los cuestionamientos a las agendas ESG y el riesgo de quedar expuestas a controversias.
La evolución, de todos modos, no es homogénea entre los distintos actores. Matías Kelly, cofundador y director de Sumatoria, una asociación civil que impulsa las finanzas de impacto, señala que la experiencia de la organización fue distinta a la tendencia general relevada. “En Sumatoria, nuestra experiencia ha sido diferente: en 2025 emitimos más del doble de financiamiento en dólares que en 2023 y venimos creciendo de manera sostenida”, afirma.
Kelly agrega que las dificultades para movilizar recursos hacia proyectos de impacto también se observan en otros mercados, aunque sus causas y magnitudes varían según el contexto de cada país.
El relevamiento identificó durante 2025 un total de 96 inversiones de impacto por u$s179 millones, impulsadas por 50 inversores y destinadas a 87 organizaciones receptoras, por fuera del sistema bancario y del mercado de capitales. Al excluir las grandes operaciones extraordinarias, el monto se reduce a u$s39 millones, distribuidos en 93 inversiones.
La escala de las operaciones también muestra las características de este mercado: seis de cada diez inversiones registraron montos inferiores a u$s150.000. A su vez, el 83% se estructuró a tres años o menos. De ese total, el 78% contempló plazos de entre uno y tres años y el 5% correspondió a períodos inferiores a un año.
La concentración en horizontes relativamente cortos puede dificultar el financiamiento de transformaciones sociales y ambientales que requieren inversiones sostenidas durante períodos más extensos.
Pero el problema no se limita a los montos disponibles ni a los plazos. Uno de los principales obstáculos identificados por los investigadores es la dificultad para conectar a quienes buscan invertir con las organizaciones que necesitan recursos. El 42% de los inversores consultados señaló restricciones vinculadas con la disponibilidad de capital, mientras que el 40% de las organizaciones receptoras manifestó dificultades para acceder a inversores que compartan su definición y sus objetivos de impacto.
La coexistencia de inversores interesados en generar impacto y organizaciones que necesitan financiamiento no garantiza que ambos puedan encontrarse. Para Kelly, superar esa brecha requiere desarrollar mecanismos financieros adaptados a las características de cada actividad y generar condiciones para que proyectos que no encuentran respuestas en los canales tradicionales puedan acceder a recursos.
D’Angelo plantea que “el desafío también pasa por transformar las necesidades sociales y ambientales en iniciativas que puedan evaluarse, financiarse y sostenerse en el tiempo”. Esto implica fortalecer las capacidades de las organizaciones para presentar proyectos financieramente sólidos y lograr que los inversores incorporen los objetivos de impacto de manera más estratégica en sus decisiones.
Desde Sumatoria, Kelly destaca la importancia de ampliar la presencia territorial, fortalecer la comunicación y promover espacios de articulación. El objetivo, sostiene, es acercarse a los proyectos, comprender sus necesidades y desarrollar soluciones financieras que permitan vincular el capital con iniciativas concretas.
La consolidación de la inversión de impacto dependerá, así, no solo de la cantidad de recursos movilizados, sino también de la capacidad de convertirlos en proyectos viables, con resultados sociales y ambientales demostrables. El mapeo, que se publicará anualmente, buscará aportar información para seguir esa evolución.