La senadora del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, celebró hoy la decisión del juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla que desaprobó los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral que Cambiemos desarrolló en territorio bonaerense para a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2017, cuando el distrito era gobernado por María Eugenia Vidal, y destacó que "ahora hay que seguir con la causa penal".
"Es un avance el hecho de multar o sancionar económicamente respecto del incumplimiento de la ley de financiamiento de partidos políticos, pero creo que hay que seguir con la causa penal porque el tema es muy grave", aseveró la legisladora.
El juez, por su parte, sancionó con multas a los espacios que conforman la alianza Cambiemos como el PRO, con $3.246.965; la UCR y la Coalición Cívica, con $990.599 cada uno; y los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fé, del Diálogo y Movimiento Social por la República, que recibieron todos sanciones pecuniarias por $34.395.
Se trata de una causa en la que la Justicia investiga si el entonces gobierno de Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral que Cambiemos realizó en la provincia de Buenos Aires para las listas de candidatos a Diputados nacionales, que encabezaba Graciela Ocaña, y el binomio de postulantes a Senadores que integraban Esteban Bullrich y Gladys González.
El caso se conoció por una nota periodística difunda en 2018, en la que se reveló que unas 205 personas de bajos ingresos y que recibían planes sociales figuraban como donantes de fondos de la campaña para la entonces coalición gobernante.
Esas personas -llegaron a detectarse a miles- figuraban como afiliados al PRO que habían realizado aportes millonarios mediante pequeñas donaciones de entre $350 y $1.500.
En declaraciones radiales, la funcionaria recordó que presentó una denuncia penal en 2018 "no solo por el incumplimiento de esta ley, que es muy clara, donde no sólo estaba Vidal como presidenta del Pro, sino también su ex ministro de Economía, Federico Salvai, el actual intendente de Vicente López, Jorge Macri y el de Lanús, Jorge Grindetti, además de la ex contadora de la provincia de Buenos Aires María Fernanda Inza".
Indicó que en esa denuncia constaba que "se tomaron bases de datos de programas sociales, bases del Andes y automáticamente se afilió a personas sin su consentimiento, y luego aparecieron como aportes del PRO".
Por otro lado, recordó que le costó "muchísimo" encontrar el acta de constitución en la provincia de Buenos Aires "porque habían desaparecido de todos los archivos".
"Era el acto que consignaba que María Eugenia Vidal era la presidenta del PRO. Y la ley es muy clara y dicen que todos los que estén en una comisión directiva de un partido político son corresponsbles de cualquier acto ilícito", agregó.
"En su artículo 10 establece las sanciones", afirmó y recordó que " fue el propio (Miguel) Del Sel que lo sufrió" al no poder ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires porque fue condenado al no poder justificar los gastos de su campaña electoral.
Teresa García dijo que agradece que "la causa siga teniendo un poquito de respirador, porque es un tema muy grave, se ha vulnerado la identidad de las personas, hay también una supuesta violación de la ley de Habeas Data, que también tiene sanciones penales porque se ha hecho uso de base de datos de programas sociales justamente para fraguarlos como afiliados a un partido".
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