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Tratamientos diferenciales en materia contributiva de recursos de seguridad social

El Decreto 128/19 acompaña a otras medidas incentivadoras dictadas con anterioridad para sectores específicos al regular beneficios en función de la actividad desarrollada.

Podemos decir que, la reciente publicación del decreto 128/19 (BO 15/2/19) surgido como respuesta y efecto de lo que el Presidente de la Nación había adelantado en su comunicado, no es una medida aislada en esta materia, tal vez sí ciertamente dirigida.

Es un ejemplo más del tratamiento diferencial en materia contributiva que han recibido –antes- algunos segmentos industriales y ahora, ciertos sectores de la actividad primaria.

Sí, hay que reconocer que, alguna forma de estímulo de la actvidad primaria tendrá una interesante repercusión, siempre y cuando se complemente esta primera medida con suficiente reglamentación y con la extensión de los beneficios a actividades complementarias, colaterales o conexas.

1| MEDIDAS EN VIGENCIA

Pero, veamos un poco de que se tratan estas medidas preferenciales.

Ya es sabido que la reforma tributaria (en este aspecto) y como una de las modificaciones sustantivas, estableció una alícuota única de contribución a partir del 1/1/2022. Esta alícuota única fue fijada en 19,50% (diecinueve con cincuenta centésimos por ciento). Dicha alícuota entonces, vino a reemplazar a las del 21% y 17% establecidas por el art. 2° del decreto 814/01 en su anterior texto.

Para lograr esta unificación en forma gradual, se estableció un cronograma que comenzó el 1/1/2018, extendiéndose hasta el 1/1/2022.

Esto; digámoslo de paso aunque no sea el punto central de esta colaboración, es el encarecimiento para el sector PyME de comercio y servicios y de otras actividades en el nivel contributivo. La alícuota de contribuciones para ese sector aumenta en el año 2.86% (de 17,50% a 18%), mientras que para el resto de los contribuyentes no PyMES o grandes empleadores, decrece en un 1,45%. Esta mecánica, como ya lo pusimos de resalto en otras oportunidades, no resulta ni razonable ni equitativa.

El cambio más profundo y que se ha traducido en mayores efectos, es el que trocó el método de cómputo de una porción de las contribuciones efectivamente ingresadas como crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado (respecto de los contribuyentes habilitados para ello, por razones geográficas), por la detracción de un mínimo sobre el total de las remuneraciones imponibles de todos los empleadores del sector privado.

Esto representa un cambio importante y sensible. El tema a indagar –en definitiva- es el efecto que esta medida ocasiona tanto en la carga tributaria, como en el costo económico y financiero de los empleadores contribuyentes; obviamente –como adelantamos- de acuerdo con su situación o dispersión geográfica.

Como la magnitud de la detracción también se estableció en forma gradual,la leygeneraun cronograma de los períodos y la magnitud porcentual de la detracción, tambien mencionada como “mínimo”.

Dicho “mínimo” o “detracción” cuenta desde el mismo texto de la ley, con una pauta de actualización. Correspondió ser aplicada desde el mes enero de 2019, sobre la base de las variaciones del Indice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.

La actualización opera sobre índices incrementales del pasado, extendidos hacia el futuro; por cuanto, se toman las variaciones acumuladas correspondientes al mes de octubre del año anterior al del ajuste, respecto del mismo mes del año anterior. El decreto 759/18 vino a completar que, la Secretaría de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, resulta la encargada de actualizar dicho importe de detracción y de publicar el nuevo valor que deberá considerarse para la determinación de las contribuciones patronales que se devenguen desde el 1° de enero de cada año.

2| RÉGIMEN DE ACTUALIZACIÓN

La autoridad de aplicación (Secretaría de Seguridad Social, dependiente ahora del Ministerio de Salud y Desarrollo Social) a través de la Resolución N° 3/2018 (BO 26/12/2018) estableció como actualización del monto referido en el art. 4° de la ley el importe de $ 17.509,20, a partir del 1/1/2019.

El valor mensual, en virtud de lo fijado por el inciso c) del art. 173, será entonces de $ 7.003,68, que representa el 40% del mínimo para el año en curso. El nuevo del mínimo significa un 45,91% de incremento sobre los $ 12.000 anteriores.

Queda muy claro entonces que, la actualización es sobre valores pasados y rige para todo el año que se inicia. El valor del mínimo establecido a partir del 1° de enero de cada año se mantendrá para todo ese año en curso y se cambiará cuando inicie el año posterior.

El Decreto 1067/18 (BO 23/11/18), vino a establecer el primer tratamiento preferencial.

Se dispuso que, los empleadores de los sectores: textil, de confección de calzado y de marroquinería aplicarán la detracción del art. 4° del Decreto 814/01, considerando el 100% del importe previsto, vigente en cada mes.

La vigencia de esta medida se extendió –inicialmente- desde el devengado noviembre de 2018 hasta el 31/12/2019. O sea, los sectores involucrados comenzaron por tener la posibilidad de tomar $ 12.000 mensuales en los meses de noviembre y diciembre de 2018 y tomarán $ 17.509,20 mensuales a lo largo del año 2019 (y veremos luego hasta el 31/12/2012)

A los efectos de la aplicación de este beneficio, el decreto entiende como empleadores de los sectores elegidos, a los sujetos que desarrollen como actividad declarada ante la AFIP alguna de las que describe el Anexo del mismo decreto y que contiene una cantidad de códigos de actividad.

Este decreto fue reglamentado por el Ministerio de Producción y Trabajo a través de Resolución N° 127/2018 (BO 4/12/2018) y luego por la Disposición N° 1/2018 (BO 3/1/2019) emanada de la Dirección Nacional de Modernización Productiva, dependiente del mismo Ministerio.

En realidad lo que produjo la reglamentación, a la par del establecimiento de una cantidad de requisitos para que proceda, es la ampliación a ciertos sectores industriales que tienen una interacción o relación indirecta con las industrias elegidas.

El decreto 128/2019 se enmarca en estas medidas;es más, modifica el art. 8° del decreto 1067/18 extendiendo todas las medidas de excepción hasta el 31/12/21.

En este caso, se extiende a los empleadores del sector primario agrícola e industrial para que gocen de las mismas medidas que los otros sectores elegidos: el cómputo del 100% de la detracción, para las contribuciones que se devengen a partir del mes de marzo de 2019 y hasta (como ya adelantamos) hasta el 31/12/2021.

Las actividades elegidas son un total de 47 (cuarenta y siete) pertenecientes al sector primario agrícola e industrial que se muestra en una anexo del mismo decreto.

Lo importante a expresar aquí son –brevemente- dos cosas:

  • No se tienen en cuenta (por ahora) actividades conexas, complementarias o subsidiarias, como sí se comtemplaron en la reglametación respecto de las actividades incluidas con anterioridad. Esto sería oportuno reglamentar
  • ¿Resulta una medida tendiente a mejorar o atenuar el problema de las PyMES?:decididamente NO. Para atenuar el rigor de los costos tributarios de las PyMES y en este aspecto, deberían ser incluidas todas las micro, medianas y pequeñas empresas que tan claramente están identificadas y clasificadas a partir de las reglamentaciones de la autoridad de aplicación y que, por otra parte permite la misma ley de reforma tributaria.

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