El Partido Colorado impulsa la creación de un registro de entidades terroristas

La iniciativa busca dotar al Estado de herramientas para sancionar organizaciones vinculadas al terrorismo y propone que esté encabezado por Hamas y Hezbolá.

La iniciativa, encabezada por el legislador Andrés Ojeda, se apoyaría en las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Los senadores del Partido Colorado (PC) presentaron un proyecto de ley que busca instituir en Uruguay un Registro Nacional de Entidades Terroristas Internacionales, con el objetivo de otorgar al Estado herramientas para identificar, monitorear y sancionar grupos, personas jurídicas o físicas asociados con actividades terroristas.

Según la iniciativa encabezada por el legislador Andrés Ojeda, el nuevo registro se apoyaría en las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero también permitiría que el Poder Ejecutivo agregue otras entidades no incluidas originalmente, siempre que existan fundamentos verificables que vinculen a dichas organizaciones con actos terroristas o riesgos para la seguridad nacional o regional.

El texto propone además la creación de un Comité Interinstitucional de Evaluación del Registro, compuesto por representantes de las carteras de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, e incluso el Banco Central del Uruguay con voz (pero sin voto).

Con el comité se busca asegurar que los criterios de inclusión y exclusión en el listado respondan a capacidades técnicas e institucionales, y no meramente a decisiones políticas.

Consecuencias legales y financieras previstas

La inclusión en el registro implicaría sanciones significativas como el congelamiento de bienes y activos financieros en territorio nacional, impedimentos de ingreso, tránsito o permanencia para sus miembros, así como otras medidas restrictivas que el Estado determine.

Desde la óptica del financiamiento del terrorismo y la prevención del lavado de activos, la propuesta apunta a dotar al Estado uruguayo de una herramienta formal para identificar flujos, fuentes de financiamiento y nexos con organizaciones terroristas.

El lanzamiento de la iniciativa se produjo tras el atentado con explosivos sufrido por la fiscal de Corte Mónica Ferrero, episodio que los colorados consideraron un “hecho de verdadero narcoterrorismo”.

Sumar a Hamas y Hezbolá

Durante la presentación en el Parlamento, Ojeda instó al gobierno a “iniciar” el registro incluyendo a organizaciones como Hamás y Hezbolá, a pesar de que dichos grupos aún no figuran en las listas oficiales de la ONU, argumentando que intereses geopolíticos de países como Rusia o Irán habrían bloqueado su inclusión.

"En presencia de la embajadora de Israel, Michal Hershkovitz, le pedimos al gobierno que lo inicie incluyendo a Hamás y a Hezbolá en la previa del 7 de octubre, habiendo aún rehenes en poder de Hamás”, señaló el secretario general del partido.

Según los colorados, la medida responde no solo a un enfoque de seguridad, sino también a la necesidad de que Uruguay asuma un rol más activo en la lucha contra el terrorismo desde el ámbito regional e internacional.

Fuerzas armadas como custodias

Por otra parte, durante el encuentro que mantuvo la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados por el ataque a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, los referentes de Cabildo Abierto e Identidad Soberana, Álvaro Perrone y Gustavo Salle, fueron los que presentaron la postura más dura.

Salle reivindicó durante la sesión la aplicación del artículo 168 de la Constitución de la República para situaciones de “conmoción interna”. Según manifestó, allí se establece que las Fuerzas de Seguridad pueden estar implicadas en este tipo de hechos.

En tanto, Perrone dijo en rueda de prensa que de la comisión no iba a salir “nada que lleve a un cambio” en la situación que le tocó vivir a la magistrada, y afirmó que “es hora de ir a las acciones” porque “la ciudadanía y la Fiscalía esperan mucho más que señales”.

Planteó que, si el Ministerio del Interior “no puede garantizar la seguridad” de jueces y fiscales, la tiene que brindar las Fuerzas Armadas porque constituye un “hecho de seguridad nacional” y que su partido sigue con la postura de la necesidad de declarar la emergencia nacional en seguridad pública.