Operadores inmobiliarios insisten por la reglamentación de la ley que regula su trabajo

El presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, Matías Medina, cuestionó la falta de celeridad y reclamó que "ya pasó un año y no tenemos respuesta".

Los operadores inmobiliarios insisten en que se reglamente la ley que los regula, a un año de su sanción.

Luego de más de un año de discusión legislativa, tras la falta de acuerdo entre algunos actores del sector y con la preocupación por parte de las cámaras empresariales de que la iniciativa fracasara en setiembre de 2024 el Parlamento aprobó un proyecto de ley que busca formalizar el mercado inmobiliario.

Sin embargo, el sector sigue esperando por la reglamentación del Poder Ejecutivo para que la normativa se aplique. “En abril se hizo una reunión con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que es donde va a funcionar el Registro de Operadores Inmobiliarios, y se presentó un borrador de reglamentación. Lo presentó la Comisión Interinstitucional, en la cual está la Cámara Inmobiliaria, la Cámara de Maldonado, el Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal, la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay, entre otras instituciones”, explicó a Ámbito el presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, Matías Medina.

E informó: “Allí, en la reunión, se habló de la situación compleja debido a la informalidad, la necesidad de tener mayor trazabilidad de las personas, la preocupación por los delitos de estafa y el trabajar en conjunto con Senaclaft por lavado de activos”.

“La intención fue dar insumos al Ejecutivo para la reglamentación, con los asesores que trabajaron también en la ley, para poder ayudarlos desde todas las instituciones y brindarles soporte. El tema es que aún no se ha reglamentado, no se ha tratado el tema, no hemos tenido una devolución de ese borrador. De hecho, después se envía otro borrador, haciendo algunas correcciones legales pertinentes, más administrativas. Entonces, el reclamo es que ya pasó un año y no tenemos respuesta por parte del Ministerio para ver el tema de la reglamentación, todo lo que involucra la ley y la instrumentación del registro”, agregó Medina en línea a la preocupación de la gremial.

Los principales cambios del proyecto para el mercado inmobiliario

El vocero empresarial afirmó también que dentro de los puntos a implementarse está la creación del Observatorio Inmobiliario “que también es otro desafío, que es muy interesante, que se lo planteamos al intendente y a la ministra de Vivienda, y nos dijeron que es súper interesante, por el tema de obtener y procesar mejor la información”.

La iniciativa pretende regular el ejercicio legal de la actividad profesional inmobiliaria en Uruguay, desarrollada por agentes, corredores, brokers, franquicias inmobiliarias, operadores, prestadores de servicios inmobiliarios y empresas prestadoras de servicios inmobiliarios turísticos.

Para esto, el proyecto propone que todos esos actores estén agrupados en un registro de operadores inmobiliarios, y establece los requisitos para ejercer, así como sus derechos y obligaciones. En este sentido, define como operador inmobiliario a personas físicas o jurídicas que realicen tareas de intermediar, asesorar comercialmente, gestionar, tramitar, administrar, tasar y promover la compra, la venta y el arrendamiento de inmuebles.

El registro funcionará en el ámbito del MEC y será administrado por una comisión honoraria compuesta por tres integrantes del Poder Ejecutivo. Para formar parte del registro, los operadores deben acreditar que están registrados en el Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI) y también registrados como sujetos obligados en la Senaclaft.

El proyecto dice también que las personas físicas o jurídicas que puedan comprobar que realizaron actividad inmobiliaria durante el año anterior a la promulgación de la ley serán anotadas en este registro. Una de las críticas al proyecto había llegado desde la Cámara Uruguaya de Marcas y Empresas Inmobiliarias (Cumei). Esta gremial denunció que el texto no reconocía la actividad del operador inmobiliario que actuaba de manera independiente.

El proyecto final tuvo cambios y estableció que las franquicias inmobiliarias continuarán con su actividad, pero con el respaldo de un operador inscripto en el registro. El texto también prevé sanciones por incumplimiento de las disposiciones establecidas. Las infracciones serán penadas por el MEC con multas o la suspensión del registro. Además, prevé la creación de un observatorio de datos del sector.