Por Hipólito Solari Yrigoyen, especial para ámbito.com.-
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Una década es un período sensato para hacer un balance de gestión administrativa. El peronismo gobernó de 2003 hasta el 2013 con las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, fue, por lo tanto, una década peronista-kirchnerista. Ha habido en este lapso medidas buenas, otras mayoritarias que son malas y otras anodinas. Lo peor, a mi juicio, ha sido la división de los argentinos que ha impulsado el oficialismo. Los partidarios del gobierno son los patriotas y los opositores están en la vereda de enfrente. Los críticos pueden recibir un inspector de la AFIP o alguna otra advertencia o señal intimidatoria. Han creado así el temor a hacer críticas
La libertad de expresión, que es un derecho humano fundamental, ha sido seriamente cercenada. Nadie debería ser molestado por sus opiniones pero ello no ocurre así. El maltrato que reciben los pocos órganos de prensa del país que no integran la red complaciente, es una clara prueba de lo dicho. El monopolio impuesto para la fabricación de papel, es una espada de Damocles sobre la cabeza de la prensa escrita que opone reparos a la actuación del poder. La creación de una poderosa red de prensa oficial es la otra cara negativa de la moneda.
La libertad de expresión no es el único derecho que no se respeta. Para participar del gobierno hay que pertenecer a un grupo predominante y escogido del oficialismo. Los que no lo integran sufren discriminaciones, aún si son miembros del partido que gobierna. Peor aún si el que está al frente de una provincia o de un municipio integra una fuerza política opositora, como la que yo integro: la Unión Cívica Radical. Los fondos se distribuyen entre los gobierno amigos.
El derecho de propiedad no está garantizado para los que el gobierno considera enemigos. No hay tampoco libertad sindical. El sindicalismo es un monopolio del sector adicto al gobierno del partido peronista. La inflación que es una política del kirchnerismo castiga en especial a los sectores más necesitados de la sociedad y provoca desocupación y trabajo en negro. No se le ha dado la debida importancia al derecho humano a la vivienda. En esta etapa se vetó la ley del 82 por ciento móvil para los jubilados. Como si fuera poco el gobierno se apodera de los fondos previsionales que no le pertenecen y a cambio, le entrega papeles de escaso o nulo valor causando un gravamen irreparable al sector pasivo de la sociedad. Mi crítica no puede dejar de mencionar la expansiva corrupción entre los empresarios amigos del poder y el llamativo e injustificado aumento patrimonial de figuras descollantes de quienes han gobernando en esta década.
Dado que ya no existía la amenaza de las fuerzas armadas que actuaron en la represión ilegal fue un hecho positivo de la década la reanudación de los juicios por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar. y en el gobierno precedente. No puede haber impunidad para las violaciones de los derechos humanos.
