A un año de reñidos comicios que se transformaron en polémica

Córdoba - Se cumple mañana un año de la elección más reñida y polémica que haya vivido Córdoba desde la recuperación de la democracia en 1983. También, justo es decirlo, fue la elección más controlada, más verificada y más revisada de su historia, aunque las condiciones políticas y sociales, en el reinado de la «antipolítica», no solamente de la provincia, sino del país en general, la convirtieron en la más cuestionada.
El 2 de setiembre del año pasado, el justicialista Juan Schiaretti se consagró gobernador en una elección donde aventajó a Luis Juez (Frente Cívico y Social) por apenas 17 mil votos. Tercera, a más de 10 puntos, quedó la otrora imbatible Unión Cívica Radical, liderada entonces por la ya desgastada figura de Mario Negri.
La diferencia entre Schiaretti y Juez representó 1,2% del total de electores. Pero la clara lectura de la oportunidad política que Juez hizo de la situación transformó esa exigua diferencia en un durísimo cuestionamiento sobre la legitimidad del ganador y la transparencia de los comicios. A tal punto, que al menos en los primeros meses posteriores a setiembre, incluso después de asumido Schiaretti en diciembre del año pasado, la opinión pública mantenía registros altísimos de dudas.
En esa situación influyó mayoritariamente la tremenda penetración mediática del discurso de denuncia desplegado por Juez, que llegó incluso a encabezar una movilización de 30 mil personas en clima enfurecido. Frente a ello, la tibieza, el desconcierto, de una estrategia justicialista aferrada a dar prolijidad al escrutinio y machacar sobre el estricto cumplimento de la ley electoral, lo que obviamente fracasó en el plano del convencimiento. Salvo por la movilización
a favor de Schiaretti que desplegaron los intendentes del interior, el resto fue absolutamente enajenado del clima político del momento. Juez, que legítimamente había perdido en las urnas, ganó claramente la batalla político-mediática posterior, apropiándose del clima con una lectura de agitación típicamente kirchnerista.
 El origen
La esencia del conflicto en el escrutinio del 2 de setiembre de 2007 en Córdoba fue la demora de la oficina de cómputos oficiales, instalada en el Correo Central, en difundir los resultados parciales del escrutinio. Esa fue la médula en el cuestionamiento madiático de Juez y sus aliados del Frente Cívico cordobés. Paradojas de la política: esa demora fue producto exclusivamente, y así lo demostraron todas las revisiones técnicas y operativas realizadas incluso con veedores del propio juecismo, de la cantidad excesiva de boletas que concurrían como «sumatoria de votos» en la elección. Esto es lo que en Buenos Aires se llamó, con menos tecnicismos leguleyos, «colectoras». Es decir, varias boletas de distintos partidos y agrupaciones que llevaban un candidato a gobernador común, pero con distintos aspirantes legislativos. Y fue precisamente el llamado Frente Cívico y Social el que inundó las mesas con más cantidad de boletas distintas.
Es que el juecismo representó expresiones tan diversas como que llevó una lista con candidatos a legisladores del Partido Comunista Tradicional, y en el otro extremo, otra (si es que puede plantearse de este modo) con candidatos del ex Modin de Aldo Rico. Todos lograron como mínimo un representante legislativo, y todos llevaban a Juez como candidato a gobernador. No es extraña la estrategia, y sus similitudes con la provincia de Buenos Aires: la candidatura de Juez fue diseñada, financiada y apoyada por el entonces jefe de Gabinete nacional Alberto Fernández. Es más, en su despacho se acordó que la fórmula debía ser integrada por el entonces radical K, intendente de Río Cuarto, Antonio Benigno Rins.
El PJ inicialmente había rechazado ese sistema de colectoras por ser claramente ilegal, pero en un error de estrategia, Schiaretti decidió abandonar el planteo judicial para «evitar la victimización» de Juez.
Esa multiplicidad de listas hizo que el escrutinio en las escuelas se demorara, en algunos casos, hasta dos, tres y cuatro horas más allá de lo normal, sobre todo en las ciudades donde se elegían además intendentes, concejales y tribunos contables. Finalmente, los datos ingresaron al centro de cómputos casi en forma simultánea en el lapso de dos horas. El cuello de botella que se produjo, a raíz de que el sistema del Correo exigía una triple carga independiente, precisamente para evitar dudas de legitimidad, derivó entonces en una demora que el vencido Juez usó mediáticamente, como sinónimo de complot y fraude después que se convenció de lo reñida que sería la elección.
Todo sirvió para crear clima de complot. A esto se sumaban la nacionalización de la elección y lo extenso del proceso de recuento en la Justicia.
 Voto a voto
Otra de las consignas de ese momento era el conteo voto a voto. Es decir, la apertura de todas las urnas. La Justicia electoral realizó un impecable trabajo a través de la jueza Marta Vidal, pero fundamentalmente del secretario electoral José María Pérez Corti, quienes intentaron dar los fundamentos técnicos sobre que era mucho más impreciso para el resultado final el abrir todas las urnas que hacerlo en aquellas donde se presentaban dudas. Además de que la ley electoral así lo obligaba. Obviamente, la totalidad de las mesas en la provincia (unas 2000) había contado con fiscales de todos los partidos, y curiosamente los fiscales juecistas, que controlaron los comicios y avalaron con su firma las actas de escrutinio en las escuelas, no hicieron ninguna observación, incluso después del día 2. Con ese fundamento, Vidal pacientemente llevó adelante un recuento con la apertura de 30% del total de mesas, una cifra inédita en el país, y que estadísticamente permite inferir un error de 6 0,2% proyectando el total de mesas provincial.
Esa tarea ratificó el resultado provisorio del centro de cómputos, e incluso amplió levemente la ventaja de Schiaretti, en una elección en la que el PJ logró aventajar por casi 30 puntos a Juez en el interior de la provincia, y Juez sacó una diferencia a su favor de 25 puntos en la ciudad capital. Dos realidades políticas que hasta hoy persisten.