Agua: franceses abandonan la concesión en Mendoza

Sin embargo, para concretar su salida, la compañía requiere el visto bueno del gobierno de Julio Cobos y el aval de la Legislatura provincial. Pero, en rigor, el primer paso ya está consolidado: el sábado el propio gobernador y su ministro de Obras Públicas, Francisco Morandini, convocaron a una sorpresiva conferencia de prensa para anunciar que habían cerrado la renegociación del contrato con Obras Sanitarias.
Hoy, en tanto, Morandini convocará a los presidentes de los bloques y las comisiones relacionadas con los servicios públicos en un intento por avanzar rápidamente en la salida del grupo francés, que tiene 50% de las acciones de los privados.
De esta manera, queda por definir quién se quedará con casi 24% de la mitad de la composición accionaria privada (Inversora del Aconcagua) y cuál será, con 20% de acciones clase C que hoy Saur detenta en Aguas de Mendoza, el nuevo operador técnico.
Los restantes socios son el gobierno de Mendoza (20%), el personal (10%), Italgas (4,5%) e Inversora Mendoza (1,5%).
Por ahora, asoma el nombre de Ricardo Mastronardi, ex titular del Banco Mendoza, aunque también se menciona a un consorcio local que podría estar conformado por los bancos Regional de Cuyo y Río.
 Defensa
Para Cobos, «esta negociación no ha sido fácil. Hemos tratado de defender los intereses de la provincia en un proceso complejo que generó deudas cruzadas prácticamente desde que se inició la concesión».
Saur -que además de retirarse de la concesión mendocina también abandona Latinoamérica- basó su demanda ante el CIADI en las modificaciones de las con-
diciones contractuales de concesión y pidió una compensación de 200 millones de dólares.
Según consignó el diario «Uno», la previa a este acuerdo definitivo entre el gobierno y la empresa se generó el 16 de febrero pasado, cuando OSM comunicó oficialmente que aceptaba que el incremento tarifario fuera el que impuso Cobos, de 19,7%.
Esto le significa concretar el plan de obras que incluye esa medida (una inversión anual de $ 11 millones con una rentabilidad de 6%, según un listado de obras que el gobierno acordó con la empresa) y reconocer una deuda de $ 48 millones por desinversiones que devolverá a lo largo de los 16 años que restan de la concesión.
«Pero el factor más decisivo en la negociación fue el condicionamiento que puso la provincia de renunciar a la demanda internacional ante el CIADI, que es contra la Nación, pero repercute en Mendoza», dijo Cobos.