Apuran en Buenos Aires sanción de dos leyes clave

Buenos Aires - El gobierno de Daniel Scioli aceitó ayer los engranajes políticos de la Legislatura provincial de cara a las sesiones extraordinarias que se realizarán la próxima semana y que serán clave para el avance de la reforma penal y la adhesión a la Ley Nacional de Iniciativa Privada.
Los responsables de catalizar las disidencias entre los bloques del Frente para la Victoria, la Coalición Cívica y la UCR fueron los ministros de Producción, Débora Giorgi, y de Justicia, Ricardo Casal.
«No podemos dejar pasar esta oportunidad histórica de avanzar en dos proyectos clave como éstos, que brindan posibilidades de desarrollo y garantías de justicia», resumieron en sus argumentos los funcionarios de Scioli.
El proyecto de adhesión al Régimen Nacional de Iniciativa Privada y de Asociación Público-Privada, se traduciría en un fuerte apoyo y promoción al desarrollo de la infraestructura pública mediante la colaboración de los sectores público y privado.
De esta manera «el Estado provincial preserva y ejecuta su rol de diseñador del planeamiento estratégico de la oferta de infraestructura pública económica y social, atendiendo la generación de empleo, competitividad del aparato productivo, equilibrio del desarrollo regional y el interés público en general», dijo Giorgi en relación con el proyecto que fue presentado ante los tres bloques que integran el Senado bonaerense.
La expectativa es que a través del mismo se presenten entre otras iniciativas destinadas a fortalecer la infraestructura portuaria, de desarrollo rural y de interconexión vial entre los aglomerados productivos, que atienda la relevante y continua expansión del aparato productivo provincial.
En cuanto a la reforma judicial, el ministro Casal ratificó la voluntad del gobierno de Scioli de encarar una profunda reestructuración de los tribunales de Casación, pero sin pensar en su eliminación. Además, el funcionario defendió la necesidad de extender a todo el territorio los procedimientos de flagrancia, que permiten procesar al autor del hecho cuando éste es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después.
Con esta reforma el gobierno de Buenos Aires confía en descomprimir la situación de los tribunales a más tardar a fin de este año. Para ello, necesita que el Senado dé el visto bueno a la norma que planeó Felipe Solá y que Scioli adaptó.