Avanza suba de impuestos a grandes contribuyentes

Escribe Pablo Domini

Buenos Aires - El oficialista Frente para la Victoria y el PJ coincidieron ayer en el Senado provincial para aprobar la reforma impositiva que impulsa el gobernador Felipe Solá. El proyecto podría recibir sanción definitiva el próximo miércoles y dispone la aplicación de alícuotas extra en los tributos de Inmobiliario Urbano y Automotor para contribuyentes que sean propietarios de bienes -en el país y el extranjero- por un valor superior a los $ 500 mil.
El primer gesto de acercamiento entre los bloques del FpV y el PJ se produce después de que ambos sectores se unieran detrás de la candidatura a gobernador de Daniel Scioli. Además, el avance se da a menos de 24 horas después de que asumiera el nuevo ministro de Economía Carlos Fernández, un nombramiento que estrechó el lazo de Solá con la Casa Rosada tras el alejamiento de Gerardo Otero, quien no ahorró críticas hacia el control federal ejercido sobre las finanzas bonaerenses.

 «Riqueza»

El proyecto que avanzó ayer en el Senado es heredero del intento de crear un impuesto «a la riqueza», encarado por Otero para que comenzara a regir en enero de 2010 en reemplazo de Bienes Personales, un tributo que cobra Nación. Caído ese intento, la administración Solá logró que Diputados diera media sanción, en diciembre pasado, a un proyecto que imponía alícuotas extra y que ahora sufrió algunas modificaciones en el Senado, por lo que volverá a la Cámara baja donde no debería haber contratiempos.
La idea del Ejecutivo es que la reforma comience a regir a mitad de año, con la aplicación de sobrealícuotas, para Inmobiliario y Automotor, de 0,25% para patrimonios de entre $ 500 mil y $ 700 mil, 0,50% para los ubicados entre $ 700 mil y $ 1,2 millón, y de 0,75% para aquellos superiores a $ 1,2 millón.

 Alcance

Aún no está definido si habrá un solo pago o se establecerán cuotas, en tanto que la estimación oficial es que este adicional llegaría a unos 100 mil propietarios de inmuebles y a cerca de 20 mil titulares de automóviles. Se busca «alcanzar a aquellos contribuyentes que cuentan con una mayor capacidad contributiva», argumentó ayer el senador Carlos «Tommy» Díaz (FpV), presidente de la Comisión de Presupuesto e Impuestos. La intensión del gobierno es recaudar unos $ 300 millones, una suma que ya está presupuestada y no reducirá el déficit financiero previsto este año en $ 1.600 millones.
Un factor que da lugar a la polémica es el modo en que se calculará el patrimonio de cada contribuyente. En principio, la ley exige «presentar, al 31 de diciembre de cada año, una declaración jurada informativa consignando el importe total y la composición de sus bienes». Aquí se toman en cuenta todos los bienes del contribuyente, dentro y fuera del país. Se trata, en suma, de un trámite complejo, para determinar cuál de las tres alícuotas extra corresponde cobrar sobre el valor de la boleta de Inmobiliario urbano o Automotor.
Esto significa, por caso, que si un contribuyente de la provincia tiene una propiedad valuada por el Estado en $ 200 mil y un vehículo en $ 50 mil, podría ser alcanzado por el gravamen -en ambos casos- si se detecta que tiene, además, propiedades en otros distritos o en el exterior y depósitos bancarios que, al establecer la suma total, superen los $ 500 mil. La sobrealícuota sólo se aplicará a aquellas propiedades sobre las cuales Buenos Aires tiene poder recaudador, es decir, el inmueble de $ 200 mil y el automóvil de $ 50 mil.
Para tener en cuenta el valor de las propiedades se usarán los nuevos valores surgidos del revalúo 2005, que se acercan en 60% y 70% a los precios de mercado de las propiedades.
La avanzada recaudatoria de Solá suma a las diferentes herramientas de presión que ya obtuvo por ley -aunque con resistencia de la Justicia- el subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya, que incluyen embargos de cuentas bancarias de morosos. La intensión es superar la performance 2006, año en que la recaudación de la provincia creció 23,6% respecto del ciclo anterior, un resultado que estuvo por debajo de la expectativa de un incremento de 27% que estaba contenida en la Ley de Presupuesto.