Actualmente, no existen plazos, y 80% de los procesados no tiene sentencia de primera instancia. En setiembre pasado, unos 15 mil presos de la provincia habían realizado masivas protestas y huelgas de hambre en varios penales y por un plazo de 13 días. La crisis se manifiesta en que, por caso, un Tribunal Oral Criminal de Quilmes llegó a fijar audiencias para 2013, según un relevamiento que hizo la propia Corte. La resolución emitida ayer aclara que «no es posible fijar judicialmente en abstracto un término para el plazo máximo razonable de duración de la prisión preventiva, siendo de incumbencia de los jueces su determinación en cada caso particular». A su vez, el texto indica que «cuando no medie complejidad en las causas, la prisión preventiva no puede durar más de dos años hasta la sentencia no firme del juicio oral, sin computarse en dicho término el tiempo insumido por el diligenciamiento de prueba fuera de la jurisdicción, los incidentes, los recursos, o mientras el Tribunal no esté integrado». «Ese plazo razonable -continúa la resolución- será el criterio para establecer la legitimidad del encarcelamiento en su extensión temporal en la etapa recursiva, tomándose en cuenta las recomendaciones de los Organismos Internacionales referidas a: la complejidad del caso; la actividad procesal de las partes; la conducta de las autoridades judiciales en cuanto hayan implicado dilaciones indebidas, y la proporcionalidad con la pena.»
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