Las afueras de la Legislatura cordobesa fueron el escenario de los violentos disturbios en el marco de una movilización de estudiantes.
Córdoba - La Legislatura aprobó ayer la nueva Ley de Educación provincial, en medio de graves incidentes desatados frente al edificio entre estudiantes -que rechazan la norma- y efectivos policiales.
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La refriega estalló cuando los manifestantes pretendieron cruzar el vallado de seguridad e ingresar al Palacio Legislativo para participar de la sesión poco antes de que se votara la iniciativa, lo que derivó en un enfrentamiento con los efectivos.
Los disturbios dejaron el saldo de siete policías y manifestantes heridos y 12 detenidos. De esta manera, se reeditó en Córdoba una postal de violencia en el ámbito educativo mediterráneo, tras las recientes tomas de colegios motivadas, entre otros puntos, por el rechazo a esta ley.
Según el comisario mayor José Salgado, a cargo del operativo policial, «algunos inadaptados» comenzaron a arrojar distintos proyectiles -incluidas «bombitas de pintura»- a los uniformados emplazados en el sector, provocándoles lesiones de escasa consideración a tres efectivos. «Se podría haber evitado; no dejaron entrar a la comunidad educativa», denunció la legisladora Liliana Olivero, de la Izquierda Socialista.
El debate del proyecto -que generó fuerte polémica en el distrito- arrancó a las 11 y se aprobó por mayoría pasadas las 19.20. El texto enviado por el gobernador justicialista Juan Schiaretti recibió el aval -con modificaciones- de los legisladores de la oficialista Unión por Córdoba y de Concertación Plural, entre otros, mientras votaron en contra la UCR, el Frente Cívico, la Coalición Cívica, la Izquierda Socialista y el Frente Progresista.
Entre otras medidas que generaron polémica, la norma incorpora la educación religiosa opcional en las escuelas de gestión pública, «como contenido extracurricular, sin financiamiento estatal, fuera del horario de clases y a cargo de los ministros autorizados de los diferentes cultos».
Convocados por la Asamblea Interestudiantil -integrada por alumnos secundarios, terciarios y universitarios, además de docentes y padres-, los manifestantes marcharon en la tarde de ayer hasta el lugar, en el marco del plan de lucha instrumentado para exigir la postergación del tratamiento legislativo del proyecto.
El sector no aceptaba el tratamiento parlamentario de la iniciativa y exigía que el debate se concretara el próximo año, para someterlo a un análisis más profundo en las escuelas, tras considerar que no se tuvieron en cuenta los aportes realizados por padres y estudiantes en las audiencias públicas convocadas por las comisiones legislativas.
Precisamente, uno de los principales cuestionamientos es que el proyecto haya sido elaborado por un Consejo Provincial de Políticas Educativas, integrado por representantes de la Iglesia, empresarios y entidades sindicales docentes, con la ausencia de representantes del alumnado, de docentes y de los padres.
Por ello reclamaban la realización de un Congreso Educativo Provincial en 2011 para debatir un nuevo proyecto. También rechazaron, entre otros aspectos, la inclusión de la educación religiosa extracurricular y las prácticas administrativas a través de pasantías, que se convierten -dicen- en «mano de obra barata».
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