El legislador justicialista Daniel Heredia, que fue el miembro informante, aseguró que esta clase de delitos, que busca combatir el registro, «afecta a la honestidad de las víctimas y de sus familiares, y causa una reprobación generalizada en la sociedad». La finalidad que persigue esta medida es que las personas que hayan cometido algún delito sexual no lo hagan en el futuro, ya que, teniendo en cuenta que sus antecedentes quedarán registrados y que podrán ser consultados por quien lo solicite, se espera que puedan capturarse con más eficacia a los culpables de estos hechos. El 15 de agosto, Heredia había propuesto tres medidas para enfrentar la inseguridad y para conjurar casos como el de la docente Beatriz Argañaraz, que desapareció el 31 de julio pasado y aún se desconoce su paradero. En primer lugar, el parlamentario había asegurado que la comisión de Seguridad de la Cámara, que él encabeza, estudiaba un proyecto para crear «la figura del testigo oculto o de identidad reservada para que pueda ayudar en las investigaciones de casos resonantes». En segundo lugar, se había manifestado a favor de un registro de autores de delitos sexuales -como el que fue aprobado el martes por unanimidad-, como abuso deshonesto, estupro o violaciones, «para que los particulares o los funcionarios judiciales puedan recurrir a él en busca de información durante las investigaciones».
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