Mendoza - Más que difícil se presenta el panorama en torno de la búsqueda de una salida de la contienda por la promoción industrial para el gobernador Celso Jaque, que no quiere contradecir a Cristina de Kirchner, ni tampoco perder el apoyo de las fuerzas productivas de su provincia. Esas dos aspiraciones del mendocino parecen ir a contramano.
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Esta semana el mandatario comenzó una serie de reuniones con el sector empresario para intentar hallar una solución a la disputa cuyana por la promoción industrial. Es que si bien desde el Ejecutivo de Mendoza coinciden en que se ha abierto una instancia de diálogo positiva con las gobernaciones «promocionadas» (San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca), una apertura que responde directamente a un explícito pedido de la Presidente, también advierten que para cerrar un acuerdo primero deben corroborar si cubre las necesidades de las empresas e industrias de su distrito.
Según el subsecretario de Promoción Industrial, Javier Espina, que participó junto a Jaque de la primera reunión el lunes con la cámara de empresarios de San Rafael, se resolvió que la instancia judicial no será retirada hasta tanto no haya un acuerdo y aclaró que para lograrlo todavía hay un largo camino por recorrer.
«Si bien hay una propuesta de acuerdo, no hay un acuerdo. Y para que haya, Mendoza tiene que conseguir un beneficio. Si no, no es posible», detalló Espina a Ámbito Nacional y completó: «El sector productivo está dispuesto a negociar. Quedaron en que iban a estudiar qué propuestas se deberían considerar como condiciones para finalmente destrabar este conflicto».
Todo comenzó con el decreto presidencial que extiende por 15 años la promoción industrial para las provincias de San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca. El sector productivo mendocino, furioso no sólo por quedar fuera de los beneficios impositivos que propone el régimen sino también por quedar en clara desventaja respecto de los distritos vecinos, puso el grito en el cielo. Y el Gobierno de Jaque los acompañó.
El primer paso lo dio la cámara de empresarios de San Rafael, que fue la que realizó la presentación de un recurso de no innovar ante el juzgado federal de esa localidad mendocina y logró interrumpir hasta el momento la entrada en vigencia de la norma presidencial. Las quince entidades empresariales restantes de la provincia acompañaron al Ejecutivo con un pedido de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, que todavía no ha tenido respuesta.
«No fue nuestra intención judicializar. Es que era la única manera de posicionarse en la negociación por una simple cuestión estratégica, porque son cuatro provincias contra una», justificó el ministro de producción, Raúl Mercau, a este diario. «No buscamos oponernos al Gobierno nacional, pero tenemos que defender los intereses propios sin afectar a los demás. No queremos que se anule la medida, queremos que sea más equilibrada.»
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