Los casos que involucran a los policías datan de hasta un año de antigüedad, y la mayoría de las causas aún se encuentra en trámite, es decir, que todavía no se sabe si son inocentes o culpables de los delitos que se los acusa. Las fuentes señalaron que el Ministerio de Seguridad del gobierno de Julio Cobos se amparó en la Ley 6.722 para separar a los afectados en esta situación temporalmente, por razones de funcionalidad y seguridad. Los informantes aclararon que se trata de «pases a disponibilidad», que los policías quedan «a la espera de un nuevo destino» y siguen cobrando pero «con una reducción en el sueldo». Con ello «pierden varios beneficios como el presentismo y otros ítems», pero todavía «no son expulsados» de la fuerza, aunque muchos de ellos «tienen causas en la Inspección General de Seguridad o a nivel judicial», agregaron.
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