El mandatario del Movimiento Popular Neuquino aceptó las renuncias de los ministros de Seguridad y Trabajo, Susana Arévalo, y de Empresas Públicas, Alfredo Esteves -quien se encontraba a cargo de Educación tras la salida de Mario Morán-; del subsecretario de Seguridad, Raúl Pascuarelli; del jefe de Policía, Carlos Zalazar, y del subjefe de la fuerza, Moisés Soto. Además, según se informó oficialmente, Sobisch prevé disolver la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Educación y de Justicia, que pasarán al nivel de secretarías y que dependerán del futuro Ministerio de Gobierno. Esa cartera estratégica quedará en manos del actual jefe de Gabinete, Jorge Lara, quien de esta manera concentrará el poder sobre las carteras de Educación, Justicia y Seguridad y quedará al frente de las próximas negociaciones salariales con los maestros. En rigor, para concretarse este escenario, previamente la Legislatura debe aprobar los cambios en la Ley de Ministerios que propondrá el gobernador. Hasta que esos cambios se efectivicen, Lara quedará al frente de tres ministerios: el que ya conducía, y los dos que ayer quedaron acéfalos, según el decreto firmado por Sobisch. Confianza El jefe de Gabinete -un dirigente del MPN de perfil duro, pero con reconocidas dotes de negociador, según fuentes locales- es la mano derecha del gobernador neuquino. La salida de los ministros Arévalo y Esteves -a cargo de Educación debido a la enfermedad del ministro Mario Ever Morán- había sido uno de los principales reclamos de los docentes en la masiva marcha que el pasado lunes repudió el operativo policial en la provincia, que terminó con la muerte del maestro Carlos Fuentealba. La cúpula policial, en tanto, también fue depurada, y quedará en manos de los comisarios generales Juan Rolando Figueroa y Juan Carlos Lepen, quienes hasta la fecha ocupaban la Dirección de Asuntos Internos y la Superintendencia de Investigaciones, respectivamente. Todos los funcionarios desplazados habían puesto su renuncia a disposición del gobernador cinco días atrás, luego del trágico operativo de desalojo de la Ruta Nacional 22, concretado el pasado miércoles. Con todo, tal como lo habían anticipado, diputados opositores presentaron ayer un pedido de juicio político contra Sobisch, por considerar que el mandatario «no sólo no garantizó la paz social sino que la violentó» al disponer el desalojo de la ruta. Sin embargo, las posibilidades de que esta iniciativa prospere son limitadas: es que el Movimiento Popular Neuquino retiene 17 de las 35 bancas en Diputados, a las que se suman 6 legisladores que responden a sectores sobischistas-menemistas, por lo que la oposición no lograría los dos tercios que necesita para llevar al gobernador a juicio. La iniciativa había sido anunciada días atrás por los legisladores de los bloques del Frente Grande, Raúl Radonich y Pablo Tomasini; del Movimiento de Integración y Desarrollo, Ricardo Rojas; del ARI-PI, Carlos Moraña y Beatriz Kreitman; de Recrear, Eduardo Mestre, y de Libres del Sur, Jesús Escobar. A ellos se les sumarían los dos integrantes del Partido Justicialista.
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