Estalla crisis política por derechos humanos

Mendoza - El ministro de Seguridad de Mendoza, Juan Carlos Aguinaga, desató la primera crisis política en el gabinete del gobernador justicialista, Celso Jaque, al denunciar que otro funcionario del gobierno forma parte de un plan para desestabilizarlo ideado por organismos de derechos humanos.
Aguinaga acusó a los organismos de presentar ante la Justicia Federal a una «testigo falso» para acusar a su hombre de confianza en el ministerio, comisario mayor Carlos Rico, de participar en desapariciones y torturas durante la dictadura militar.
«Esta persona es una estafadora, que tiene una causa que está para juicio en San Rafael por estafar a un grupo de gente con un plan de viviendas. Cómo le pueden creer a esa persona», di-
jo Aguinaga respecto de la testigo.
El ministro se refería a Alicia Morales, una mujer que el viernes denunció ante el Juzgado Federal Número 1 que en 1976, cuando estaba detenida en la central de inteligencia D2, vio a Rico entre sus captores.
Morales, en efecto, está procesada por estafas y su abogado es el actual secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán.
«No me van a voltear. Me podrán molestar como me están molestando, me podrán perturbar como lo perturban a Rico con todas estas acciones, pero no me van a voltear», enfatizó, molesto, Aguinaga, quien ayer, incluso, fue ratificado en su cargo por el gobernador Jaque.
De inmediato, dijo que detrás de los organismos de derechos humanos que exigen la separación de Rico del cargo con el patrocinio del CELS, «está el aliento de un funcionario», de su gobierno. «Hablo de Pablo Salinas», dijo en referencia al coordinador de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno.
Con esta declaración, Aguinaga desató una crisis en el gabinete del gobierno peronista, en el que estallaron las diferencias ideológicas entre sus miembros, de derecha a izquierda.
Aguinaga pertenece al Partido Demócrata, una fuerza de centro derecha que participó en los gobiernos provinciales de las últimas dictaduras.
Además, fue candidato a vicepresidente de su partido en las últimas elecciones y perdió a manos de quien hoy es su jefe, Jaque. Rico, a su vez, admitió que fue adiestrado en 1976 en el Centro de Instrucción Contrasubversivo de la Policía Federal y que posteriormente fue designado instructor del Plan de Actividades Teóricas y Prácticas de la Subversión en Mendoza.
En 1977, además, fue parte del Grupo Especial 78 (G-78), un organismo dependiente del Ministerio del Interior para prevenir, contraatacar y reprimir acciones «antisubversivas» durante el Mundial de fútbol, sobre todo la contraofensiva preparada por la cúpula montonera en su exilio en México.
Sin embargo, Rico aseguró que nunca participó de ningún operativo o acción ilegal y no hay ninguna prueba en contra de su afirmación.
En la otra punta del arco ideológico se encuentra Pablo Salinas, el funcionario acusado por el ministro Aguinaga.
Salinas integra desde hace años un conocido grupo de abogados defensores de derechos humanos que en octubre se presentó a las elecciones con el Polo Social, aliado al PJ.
Ahora, tres de ellos ocupan cargos políticos en el gobierno: el mencionado Salinas, Diego Lavado como subsecretario de Justicia, y Alfredo Guevara como responsable del Organismo Técnico Criminológico del Servicio Penitenciario.
En medio de este panorama, la presidente Cristina de Kirchner se comprometió esta semana, en su visita a Mendoza, a recibir «en la Presidencia» a los organismos de derechos humanos que exigen la renuncia de Rico.