16 de junio 2005 - 00:00
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Este avance de los municipios se dio a costa de las provincias. La presión tributaria total en el país se distribuye, según datos de 2004, en 1,4% de municipios, 4% de provincias y 18% de Nación (más otro 4% de impuesto al cheque y retenciones) sobre el PBI. En tanto, en 1993 estos índices eran de 1,2%, 3,7% y 15,9%, respectivamente. El reparto mantiene claramente como principal agente recaudador a la Nación, con 80% de los impuestos totales que se tributan en el país, contra 15% de las provincias y 5% de los municipios.
Entre las conclusiones de la encuesta presentada ayer por el IERAL se destacan los siguientes puntos:
c Menos de 19% de las empresas del país considera buena o muy buena la claridad, transparencia y simpleza de las normas impositivas de provincias y municipios.
c La mitad de las empresas no observa ningún servicio como contraprestación de las tasas municipales que se pagan y sólo 5% percibe algún servicio a cambio de la Tasa de Seguridad e Higiene.
c En materia de incentivos fiscales, una vez instaladas, 74% de las empresas no tienen incentivos por parte de las provincias para hacer nuevas inversiones; y 85% no los obtiene por parte de los municipios.
c Una de cada cuatro empresas que se instalaron tras tomar en cuenta motivos fiscales, luego sufrió cambios en su carga tributaria. Mayor inconvenientes fueron citados en Buenos Aires, Capital Federal y Mendoza, con principales menciones a una modificación de la alícuota, seguida por eliminación de exenciones.
c Aun así, la incidencia de la carga tributaria provincial y municipal no es considerada por la gran mayoría de las empresas a la hora de decidir inversiones. En general, se termina ajustando la función de producción y, por ende, la utilización de trabajo y capital.
c La mayor parte de los litigios tiene origen en pretensiones desmedidas por parte del fisco y falta de claridad normativa. Por caso, sólo 35% de los municipios publica información impositiva en Internet.
«Este déficit de claridad y simplicidad es uno de los grandes desafíos que deberán encarar las provincias y municipios en el corto plazo», evaluó Argañaraz, quien entiende que «a mayor complejidad se evidencia un aumento de la discrecionalidad (en los procesos de inspección y en la aplicación de tributos) y un crecimiento de litigiosidad».
Al decir del presidente del IERAL, «la Ley de Responsabilidad Fiscal, siempre y cuando se la utilice bien, podría generar mayor ordenamiento y transparencia impositiva; y también debería haber un digesto donde conste la carga de impuestos que puede aplicarse a nivel municipal».
En lo que respecta a los impuestos que las empresas señalaron como los que más inciden sobre la rentabilidad, no hay sorpresas: en el ámbito provincial se trata de Ingresos Brutos con 90% de las elecciones, y en municipios lidera la Tasa de Seguridad e Higiene, con 56,5%, seguida por ABL (17,7%).
Finalmente, se destaca dentro de la encuesta del IERAL el ranking de provincias que fueron elegidas por el pequeño porcentaje de empresas -en su gran mayoría de gran escala- que decidieron localizarse tomando en cuenta las características fiscales del distrito. La lista es liderada por las cuatro que cuentan con diferimientos impositivos federales: San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca, seguidas por Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Salta.




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