El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, apuntó este martes contra la jueza de Lomas de Zamora Marta Pascual, quien frenó la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, y criticó el "garantismo bobo", al tiempo que anticipó que el distrito que comanda aplicará la nueva normativa.
Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de adolescentes privados de su libertad.
El hecho tuvo eco en la política nacional e incluso suscitó cruces entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la senadora Patricia Bullrich con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.
Maximiliano Pullaro: "Garantismo bobo"
Desde territorio santafesino, Pullaro se refirió al caso y habló de "garantismo bobo que no termina de entender la dimensión del problema y busca excusas para no actuar". "Los jueces están para que las leyes se cumplan, y la ley es muy clara: no permitir que los delincuentes, de la edad que sea, se la lleven de arriba", dijo.
En ese sentido, consideró que "es muy grave" lo que sucedió, ya que "costó mucho dar ese debate, y en Santa Fe sabemos muy bien lo que pasa cuando los menores son impunes con la excusa de su edad. Roban y matan, y el Estado no puede hacer nada para frenarlos".
Por otra parte, anticipó que en Santa Fe se preparan para aplicar la baja en la edad de punibilidad: "Tenemos tobilleras electrónicas, institutos de menores y, para los casos más graves, tenemos módulos penitenciarios especializados. La ley se tiene que aplicar".
El fallo de jueza Marta Elba Pascual llegó apenas dos días después de la entrada en vigencia de la nueva normativa. La magistrada consideró que existía una situación de urgencia y sostuvo que debía analizarse si la aplicación inmediata del nuevo régimen podía provocar una afectación grave de derechos fundamentales.
Uno de los principales argumentos del fallo apunta al impacto que tendrá la nueva legislación sobre la cantidad de adolescentes que pueden quedar sometidos al sistema penal.
La jueza explicó que la ley incorpora al sistema a adolescentes de 14 y 15 años, excluye determinados supuestos que anteriormente no eran punibles y establece la aplicación de la escala penal prevista en el Código Penal.
En ese sentido, advirtió que esos cambios “aumentará considerablemente la cantidad -por mayores ingresos y por mayor permanencia- de personas privadas de la libertad”.
Pero para la magistrada el problema no se limita al eventual aumento de detenidos. El punto central es si la provincia cuenta actualmente con infraestructura y recursos suficientes para alojarlos bajo condiciones compatibles con los derechos de niños y adolescentes. La pregunta que plantea el fallo es directa: “Si el Estado puede ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables”.