Al de por sí caldeado escenario por la protesta docente, se sumó ayer el anuncio de un paro de 48 horas de los estatales nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado y de profesionales y técnicos de hospitales de la provincia, que arrancará hoy con una movilización hacia la Casa de Gobierno, con acampe. La medida fue adoptada en un plenario de secretarios generales de ATE Neuquén y otro de las asociaciones de profesionales y técnicos de hospitales, en repudio al trágico operativo policial. Además, ATE decidió suspender la mesa de discusión salarial que mantenía con el gobierno de Sobisch, hasta tanto se resuelva el conflicto docente. En paralelo, anoche mantenían un acalorado debate los dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN). Allí, más allá de dar por hecho la continuidad del paro por tiempo indeterminado (que arrancó el 5 de marzo) y el acampe frente a la Casa de Gobierno, mientras sectores docentes bregaban por el levantamiento de los piquetes sobre dos de los tres puentes carreteros que conectan a Neuquén con Río Negro, activistas de la Federación Universitaria del Comahue y de partidos de izquierda se inclinaban por la permanencia de los bloqueos. Por su parte, organismos de derechos humanos de la región adelantaron ayer que se constituirán como querellantes en la causa que investiga la muerte de Fuentealba. El pedido formal será concretado mañana, en el emblemático marco de la conmemoración de los 10 años de la muerte de la joven Teresa Rodríguez en medio del desalojo también de un piquete docente en la Ruta Nacional 22, en ese caso a la altura de Cutral Có. Ante este delicado escenario, la fiscal de delitos complejos de Neuquén, Gloria Lucero, advirtió ayer sobre los riesgos de concretar nuevos cortes de rutas y puentes. «Cuando se requiere la intervención o el despeje (de los puentes), no hay otra forma de despejarlos que a través de la Policía o la Gendarmería», dijo, además de enfatizar que «el corte de una ruta o de un puente que obstaculiza (el paso) porque no existen pasos alternativos es un delito.» «La Policía tiene la obligación de hacer cesar cualquier tipo de delitos», concluyó. Ayer se agregó un nuevo foco de tensión en la región, a partir de la decisión de más de un centenar de trabajadores temporarios de una empresa multinacional de cortar la Ruta Nacional 22 (la misma en la que encontró la muerte Fuentealba), en este caso a la altura de Cipolletti (Río Negro), en reclamo del pago de haberes adeudados tras ser suspendidos. Por su parte, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, aseguró ayer que desde el gobierno nacional no van a enviar personal de Gendarmería por los conflictos gremiales en las provincias, salvo que haya «un delito federal» o «un pedido expreso de la Justicia». «No hemos tenido un pedido específico del gobierno (de Neuquén) por ninguna razón», aclaró además. En cambio, en el caso de Santa Cruz -explicó el funcionario- fue el propio mandatario Carlos Sancho quien solicitó el envío de gendarmes a la tierra natal de Néstor Kirchner para hacer frente a la embestida de estatales y docentes.
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