Anoche mientras los sindicalistas mantenían la toma de la Legislatura, legisladores buscaban escapar por una de las ventanas de la imprenta del cuerpo, mientras un cordón del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía (GEO) rodeaba el edificio. La iniciativa había chocado con otro proyecto que convocaba al diálogo entre las partes, presentando en el recinto por el bloque radical y otros legisladores opositores, a instancias de la mesa sindical. Además, pedía la derogación de la ley de emergencia económica que impide la convocatoria a paritarias. No fue el único motivo: el malestar desbordó también por la circulación de dos decretos firmados por Sancho contemplando una compensación salarial extraordinaria (que podría alcanzar los $ 600) para los efectivos policiales de Santa Cruz, que en los últimos días amenazaron con volver a acuartelarse (ya lo hicieron en 2005) si el gobierno local no satisfacía sus exigencias de mejora en los sueldos. Pero, fundamentalmente, enfurece a los policías el hecho de que los gendarmes llegados para reforzar la seguridad estén percibiendo fondos extra por viáticos mientras en la fuerza provincial se cobran los básicos más bajos del país. El malestar entre la Policía y el secretario general de la Gobernación, Roque Ocampo, se agudizó con la decisión oficial de iniciar una purga en la fuerza que hizo rodar de inmediato la cabeza de la Unidad Regional, la misma que se encontraba investigando una serie de denuncias por presuntas amenazas a sindicalistas provenientes del gobierno provincial. El escenario no puede ser peor: la ciudad de Río Gallegos permanece sitiada por cerca de 700 gendarmes, que el propio Néstor Kirchner colocó desde mediados del mes pasado con la excusa de reforzar la seguridad ante las movilizaciones de docentes y para custodiar las escuelas públicas. Aunque en realidad muchos consideran que la presencia de esa fuerza se mantiene por temor a un nuevo autoacuartelamiento. Con todo, la situación con los docentes y los estatales podría agravarse si prospera, en un congreso sindical a realizarse mañana, una propuesta de los maestros de Río Gallegos, quienes impulsan un paro de 96 horas. En este conflictivo escenario, Ernesto Velázquez, secretario general de la ADOSAC de Río Gallegos, rechazó dichos del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien había considerado que «ningún docente en Santa Cruz tiene menos de un cargo, con lo cual nadie gana menos de 3.000 pesos mensuales». El jefe de Gabinete había salido a cuestionar los reclamos salariales de los docentes santacruceños y advirtió que el gobierno nacional no avalará mejoras en los sueldos de los maestros en esa provincia. Efectos Señaló al respecto que el Presidente, «pudiendo» acceder a los reclamos docentes «porque tiene los recursos», no lo hace, ya que un aumento en Santa Cruz generaría «un efecto multiplicador» en todo el país. «Santa Cruz tiene los salarios más altos de todo el país», señaló Fernández, quien consideró que desde el gobierno se busca poner «una cuota de responsabilidad, porque si Santa Cruz sube el sueldo de un docente por encima de los 3 mil pesos habría una escalada en todo el país». A su vez, el dirigente sindical tildó de «sorprendentes» dichas declaraciones de Fernández y dijo que evidencian que «no tiene idea o no lo han informado bien» respecto de la situación de Santa Cruz.
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