Piquete docente aisló provincias

Los gremios -que iniciaron la huelga el pasado 5 de marzo, en demanda de un aumento salarial- concretaron una manifestación que se inició en el centro de la ciudad de Neuquén y que recorrió más de tres kilómetros hasta los puentes carreteros, en la Ruta Nacional 22.
Según el secretario adjunto de la Asociación Trabajadores de la Educación, Pablo Grisson, la última oferta oficial del gobierno de Jorge Sobisch fue rechazada prácticamente por unanimidad. En la otra vereda, el ministro de Empresas Públicas -a cargo del área de Educación-, Alfredo Esteves, acusó al gremio de defender intereses políticos. «Estamos en un año electivo y acá hay una intencionalidad política muy clara, porque la propuesta que hemos consensuado había sido trabajada y, prácticamente sin análisis, fue rechazada», dijo.
El funcionario, además, advirtió que si el gremio resuelve cortar las rutas de la región, «perjudicarán a toda la comunidad, porque afectarán la actividad productiva de la provincia».
 Corrientes
En paralelo, en Corrientes, los seis sindicatos docentes marcharon ayer hacia la gobernación provincial, en reclamo de que el aumento salarial concedido se aplique desde marzo y no desde julio próximo, como dispuso el gobernador, Arturo Colombi.
Los maestros cumplieron ayer el segundo día de un paro de 72 horas, mientras ya anunciaron que después de Semana Santa activarán otro paro de tres días consecutivos.
En este complicado marco, la ministra de Educación correntina -y esposa del gobernador-, Virginia Almará, descartó la posibilidad de que la cartera convoque a suplentes para garantizar el normal dictado de las clases. «Sabemos que Salta implementó esa medida, pero acá creemos que tenemos que solucionarlo de otra manera y confiamos en que el acatamiento será cada vez menor», sostuvo. Precisamente, ayer el gobierno del salteño Juan Carlos Romero inició la designación de docentes suplentes para reemplazar a los que desde hace un mes están de paro. «De esta manera daremos cumplimiento a un mandato constitucional y a una sentencia judicial que habla de garantizar la prestación del servicio de educación», aseguró el ministro de Gobierno, Manuel Brizuela.