Polémica ya por nombramientos de la intervención

Según la carta Magna santiagueña, el nuevo Poder Ejecutivo debe ratificar o no cada contrato hecho por el remedio federal, por lo cual en el Frente Cívico santiagueño temen que el inicio del gobierno se vea complicado por movilizaciones de reclamo de continuidad de empleos. Si la intervención federal abandonara la provincia sin aclarar la situación de los nuevos contratos, el gobierno de Zamora recibiría una compleja y poco deseada herencia, por lo cual -según trascendió- el gobernador electo ya pidió a Lanusse y su gente que resuelva el tema y no difiera la cesación de los empleados.
El traspaso del gobierno «debe ser lo más ordenado y no afectar la dignidad de las personas», puntualizó ayer Zamora, enterado de que sus equipos técnicos aún no pueden establecer qué número de empleados tomó Lanusse. Extraoficialmente se barajaron cifras de entre 7.000 y 10.000. Pero el ministro de Gobierno de la intervención, Roberto Azaretto, asegura que «no son más de 1.500, la mayoría para cubrir vacantes en hospitales y escuelas». El gobierno de Zamora «sabrá si los deja o no en sus cargos», dijo.