22 de abril 2005 - 00:00

Por temor a nuevos motines, intervienen penal de Coronda

La decisión interventora de Obeid se da luego de que este lunes acordara una serie de medidas junto al presidente Néstor Kirchner, para intentar pacificar la situación carcelaria santafesina. En concreto, paralelamente a la intervención provincial del penal corondino, se definió el envío de una comisión nacional -que arribó ayer- para analizar los hechos de violencia sucedidos la semana pasada en esa cárcel, en tanto que el gobierno federal también se comprometió a acelerar la construcción de la Cárcel Federal de Coronda y el aporte del fondo fiduciario para el financiamiento de los tramos 2 y 3 de la unidad penitenciaria de Piñeyro, en Rosario.En el cargo de interventor de Coronda fue designado el abogado Jorge Bortolozzi, que se encontraba vinculado al penal a través de su trabajo al frente del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP).
Como fundamento excluyente del Decreto 662/05 que firmó ayer Obeid se encuentran los hechos del 11 de abril pasado, cuando un enfrentamiento entre reclusos de Coronda derivó en catorce muertos, cinco heridos -todos de origen rosarino- y toma de rehenes de personal penitenciario, hecho que es
«considerado inédito en los anales de la historia penitenciaria de esta provincia y uno de los más violentos ocurridos en el país», según la letra del gobernador.
A su vez, el decreto resalta
«la tensa situación imperante en la cárcel de Coronda (hecho público y notorio) hace temer la reanudación de las hostilidades con resultados imprevisibles».
 Comisión
Una de las primeras actividades del flamante interventor fue entrevistarse en el penal con la comisión interdisciplinaria enviada por el gobierno nacional, compuesta por
Raúl Jonas, del Ministerio de Justicia; el jefe del Servicio Penitenciario Federal (SPF), José Luis Soria; el director del Programa Trabajo en Cárceles, Juan de Filipi; y especialistas en derechos humanos y política criminal.
El nombramiento de Bortolozzi «tiende a restaurar la autoridad que se ha resentido a partir de los acontecimientos de la semana pasada y en los últimos días», explicó el ministro Rosúa. «Creemos con el gobernador que una medida extraordinaria nos permitirá ejercer la autoridad y además
restablecerá la confianza en el personal penitenciario, que tiene un aporte fundamental en el manejo de este tipo de instituciones», expresó.
Cabe señalar que en la mañana del miércoles, la mitad de los 40 guardiacárceles de Coronda se había negado temporariamente a cumplir con sus funciones, por temor a ser objeto de agresiones por parte de los presos.
Al respecto, el director del Servicio Penitenciario santafesino,
Fernando Rosúa, afirmó que la situación en la cárcel de Coronda «sigue siendo tensa» y adelantó que está «trabajando en el traslado de reclusos», hacia presidios federales, en vista del excedente de alrededor de 400 reclusos que sufre ese penal.
Rosúa se reunió ayer con la Comisión de Seguridad del Senado provincial, ante cuyos integrantes brindó detalles de la rivalidad existente entre rosarinos y santafesinos en la cárcel, uno de los móviles que explica la masacre del 11 de abril. Según consignó el director provincial, las madres de presos rosarinos le habrían comunicado su disposición de declarar ante la Justicia, pero sólo quieren hacerlo ante jueces de la ciudad del sur provincial y no de la capital.

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