Los millonarios descuentos en los envíos de coparticipación a las provincias -producto de los recortes que genera la demora de la Casa Rosada en iniciar la firma de los acuerdos bilaterales de refinanciación de deuda 2010- y mayores retaceos de fondos para obra pública obligaron a los gobernadores en los últimos días a diseñar nuevos ajustes del gasto público, redireccionar partidas locales y dilatar los cronogramas de pagos salariales.
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Se trata de un coletazo más sobre las finanzas del interior de la dura batalla en el Congreso Nacional en torno a temas espinosos para Balcarce 50, como la pretendida ampliación de la coparticipación del impuesto al cheque -que pelean la oposición y el justicialismo crítico- y la aspiración del oficialismo de pagar deuda con reservas del Banco Central.
En un mensaje directo al seno de la oposición, Cristina de Kirchner no destrabó aún el comienzo de la grilla de rúbricas del Programa de Asistencia Financiera (PAF) de este año, que prevé envíos de fondos a los distritos para domar los vencimientos de deuda. Esta dilación deriva en millonarios descuentos de coparticipación por parte de Nación -que es el principal acreedor de las deudas del interior- y, por ende, en inesperados agujeros negros en las previsiones presupuestarias de los mandatarios.
Frente a este escenario, por caso, el gobernador de Mendoza, el justicialista Celso Jaque, decidió desplegar un ajuste en el casi flamante Presupuesto 2010 para garantizar un ahorro del orden de los $ 200 millones. Según trascendió, el decreto en cuestión argumenta que «la tendencia decreciente observada en los recursos provinciales como en los nacionales» hace necesario «ajustar el presupuesto de gastos» hasta que, eventualmente, se revierta este estado de cosas.
Con ese objetivo, el cacique cuyano alineado con el kirchnerismo ordenó a los organismos públicos que diseñen un recorte del 10% de los gastos corrientes previstos y del 30% de los gastos de capital. En sintonía, «sugirió» que sigan ese camino los otros poderes del Estado.
La intención del Gobierno jaquista -y de su ministro de Hacienda, Adrián Cerroni- es reevaluar el escenario en setiembre, para ver si los ingresos se normalizaron y se pueden retomar los preceptos del Presupuesto original. En el caso puntual de Mendoza, y frente a la demora en la firma del PAF, los fondos provinciales debieron hacerse cargo en lo que va del año de pagar amortización de deuda por $ 90 millones.
En Río Negro, en sintonía, la sequía de recursos nacionales para enfrentar la deuda local se comió en lo que va del año de las arcas locales cerca de $ 120 millones, que debieron ser destinados a pagar vencimientos de deuda y que obligaron al Gobierno del radical K Miguel Saiz a realizar un cronograma de pagos diferenciado para la administración pública.
En Córdoba, por su parte, el mandatario peronista Juan Schiaretti admitió días atrás que la falta de noticias en torno al PAF le cuesta a la provincia $ 100 millones mensuales. Previsiblemente, ese bache presupuestario obligó a ésta y a otras provincias a rediseñar gastos.
Este escenario gestado por la ostensible y generalizada demora a la hora de sellar el PAF se suma a los retaceos en los envíos de fondos a las provincias díscolas, que impactan con fuerza sobre todo en los programas de obra pública. Ello obliga a distritos como Chubut, San Luis y Catamarca a destinar recursos propios al sector para asegurar que no se caigan las obras en marcha.
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