Precisamente, el detonante para la orden de Néstor Kirchner fue el corte ayer por tercer día consecutivo del puente que une a Puerto Iguazú con Foz do Iguazú. Una gestión encarada por el mandatario kirchnerista Carlos Rovira (Misiones) ante el Presidente y el ministro del Interior, Aníbal Fernández, desencadenó la suspensión de la resolución. Previamente, otro piquete había paralizado por diez días al puente que une a la localidad salteña de Salvador Mazza con San José de Pocitos (Bolivia). El bloqueo -desplegado además por otros cuestionamientos- fue levantado el sábado pasado. La decisión de Kirchner dejó sin efecto por 180 días el cobro de la tasa que debían pagar desde el pasado 14 de agosto los argentinos al emprender viajes al exterior por vía marítima ($ 30), o fluvial o terrestre ($ 5, en los dos casos). Así, la única tasa que quedará vigente por los próximos 6 meses es la de 25 pesos, que deben pagar quienes viajan al exterior por avión. Sin embargo, el anuncio no alcanzaba anoche para levantar el piquete sobre el puente Iguazú-Foz de Iguazú. Previamente se había agravado la protesta, ya que los manifestantes -que crecieron en número- volvieron a cortar la Ruta Nacional 12, que une a Puerto Iguazú con el aeropuerto local y con Posadas, por lo que decenas de turistas -muchos de ellos, extranjeros- perdieron sus vuelos. Pero además se activaron bloqueos sobre el puerto local y sobre un camino alternativo. Ante este escenario, desde el mediodía de ayer la turística localidad de las Cataratas volvió a quedar aislada. Los manifestantes rechazan la ahora suspendida tasa migratoria y la aplicación de una resolución nacional que ordena vender más caro el combustible a los extranjeros en zona de frontera. Este último punto, en rigor, es el reclamo más importante. Para los devenidos piqueteros -empresarios turísticos, comerciantes y vecinos, además de taxistas y remiseros argentinos y brasileños-, ambas medidas impactan en el turismo, del que vive la zona. Según la Cámara de Comercio local, los comerciantes dejaron de percibir 300 mil pesos diarios porque los brasileños dejaron de cruzar la frontera para consumir en Iguazú. En este marco, fuentes locales indicaron que el Juzgado Federal de Eldorado pidió la intervención del «comando antidisturbios de Gendarmería Nacional en Buenos Aires». Ante este escenario, el obispo de Iguazú, Joaquín Piña, instó a las autoridades a evitar un desalojo violento. Piña es el principal candidato de la oposición en su movida contra la reelección de Rovira, en el marco de la elección de convencionales para reformar la Carta Magna. Por este dato político es que allegados al gobierno local leen con suspicacia la virulencia de la protesta. En tanto, manifestantes que reclaman a la Entidad Binacional Yacyretá el pago de indemnizaciones volvieron a cortar ayer el puente que une a Posadas con Encarnación (Paraguay), aunque en este caso con bloqueos intermitentes.
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