11 de marzo 2005 - 00:00
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Para Acuña, el resultado de la investigación judicial deja en claro que se trató de una «clara maniobra de desprestigio contra el gobierno provincial».
En paralelo, según fuentes locales, se fortalecería la hipótesis de que se habría tratado de un supuesto caso de «autoamenaza».
El expediente se inició hace más de dos semanas con la denuncia radicada por Godoy, quien aludió a supuestas llamadas telefónicas intimidatorias que involucraban a su esposa.
En esa oportunidad, el magistrado interviniente ordenó a la Secretaría de Seguridad provincial dar custodia policial permanente a Godoy. Pero el gremialista solicitó a la dependencia del Ejecutivo levantar la custodia, hecho que no fue atendido por mediar una orden judicial.
En simultáneo, se realizaron fuertes movilizaciones obreras repudiando las presuntas amenazas, mientras se daba curso a la causa en el ámbito de tribunales, desde donde se ordenaron las intervenciones telefónicas.




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